El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, advirtió ayer que los funcionarios que hacen campaña pueden ser acusados de cometer delito electoral si se comprueba que usan los recursos del Estado o si se prevalecen de sus cargos para favorecer un candidato determinado.
“Los funcionarios públicos tienen sus derechos, pero a ellos particularmente la ley los manda a dos cosas, una que no se prevalezcan de su cargo y dos a que no utilicen recursos del Estado; y la transgresión de eso se constituye en delito electoral y se prueba que una persona está usando los recursos del Estado siendo funcionario se abre para ellos un capítulo judicializable pero eso no ha terminado y este es un proceso que va caminando y la Junta va examinando a fin de tomar las medidas que correspondan en cada caso”, subrayó.
El Partido Revolucionario Moderno (PRM) notificó la pasada semana a 25 funcionarios que forman parte del comando de campaña del precandidato Gonzalo Castillo y les exige que renuncien o tomen una licencia y si no lo hacen a partir de mañana podrían ser sometidos a la justicia. Sobre ese particular, el precandidato presidencial del PRM, Luis Abinader, dijo que ese es un caso que lleva la organización y que seguirá el curso que se ha previsto.
El PRM sostiene que los funcionarios que forman parte de la coordinación de la campaña de Castillo violan el numeral 13 del artículo 80 de la Ley de Función Pública, así como varis disposiciones de la Ley Electoral y de la Ley de Partidos Políticos. Las notificaciones que hizo el PRM a los funcionarios que integran la campaña de Castillo también fue enviada a la JCE.
El párrafo tres del artículo 196 de la Ley Electoral establece que “los funcionarios públicos que administren recursos del Estado no podrán prevalerce de su cargo para desde él realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas o espacios, así como de los instrumentos, equipos o materiales o del personal de la institución a la cual prestan servicio”.
El presidente de la JCE habló al concluir una reunión del pleno de ese organismo con el aspirante a la candidatura presidencial del PRM.
El artículo 282 al 285 de la Ley 15/19 tipifica los crímines y delitos electorales. Además del PRM Participación Ciudadana ha pedido a los funcionarios que están coordinando la campaña de Castillo que renuncien de sus cargos para evitar el uso de los recursos públicos en la campaña.
No hay fiscalía electoral para juzgar esos casos
La Ley Electoral 15-19 crea la Procuraduría Especializada para la investigación de ese tipo de delitos, pero aún no ha sido constituida, según la Procuraduría general de la República por falta de recursos para crear esa estructura. Recientmente, el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, instó a las autoridades a crear esa instancia para dar cumplimiento a lo que establece la Ley en el marco del actual proceso electoral.
