La filtración de una llamada telefónica entre los diputados Rubén Maldonado y Henry Merán, en un programa de radio y que luego se hizo viral, provocó serios cuestionamientos al derecho a la intimidad por parte de estos legisladores y acusaciones al Gobierno de persecución política.
El expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, calificó la intercepción telefónica como una “violación vulgar” a la privacidad.
“Aquí hay una violación flagante a un derecho constitucional, la Constitución en su artículo 44 me confiere a mí y a todos los ciudadanos dominicanos el derecho a la privacidad. Nosotros fuimos objeto de una violación vulgar de nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de derecho. Mi privacidad fue violentada al igual que la del compañero Henry Meran”, dijo.
“Queremos denunciar que lo que ha pasado aquí es que se ha violentado un derecho fundamental a un diputado y a un expresidente de la Cámara de Diputados donde se ha violado la privacidad de una conversación”, añadió.
Criticó que estamentos del Estado iniciaron una persecución tenaz y agresiva contra compañeros que pertenecían al Partido de la Liberación Dominicana y ahora formen filas en La Fuerza del Pueblo, lo que calificó como “episodios propios de países donde hay regímenes dictatoriales”. “Hoy están interviniendo el teléfono a nosotros, mañana puede ser a cada uno de ustedes, los periodistas”.
En la conversación entre los diputados leonelistas, los diputados discuten que supuestamente habría cancelaciones masivas en la Cámara de Diputados en contra del personal que simpatiza con Fernández. “Que no intenten con la gente nuestra que están en el bloque, porque ya tengo conocimiento de que sus cancelaciones están hechas y si ellos no quieren que en la Cámara se arme una revolución, hasta tiros si es necesario”, dice en la conversación.
“Allá se ha respetado siempre los nombramientos de las personas ligadas a los bloques, pero si intentan tocar un solo personal de los que tenemos allá, para que se eviten un problema conmigo en ese hemiciclo, porque si no, la Cámara de Diputados no tendrá paz hasta agosto del 2020”.
No obstante el presidente de la Cámara Baja, Radhamés Camacho, dijo que pese a que los reglamentos de ese órgano le dan la potestad de cancelar o no a los empleados, no establecen que deban ser despedidos por simpatías políticas. “En los reglamentos de la Cámara de Diputados están establecidas las razones y quién tiene la calidad para cancelar un empleado y como presidente de la Cámara de Diputados yo actúo única y exclusivamente en función de los mandatos del reglamento y la Constitución”, manifestó tras ser cuestionado por el contenido de la conversación. “Si un empleado faltó se chequea su falta y se procede en consecuencia, todas las demás amenazas a mí no me tocan, le toca a los organismos de seguridad tomar las medidas correspondientes”, indicó.
Merán dice es perseguido
Henry Merán, dijo que está consciente de que es un perseguido político del gobierno dominicano. “En términos particulares soy un perseguido político del gobierno dominicano y en ese sentido siempre estoy preparado y no le temo a nada. Solamente le temo a Dios, la injusticia y la indignidad, porque es justamente lo que predico”.
Calificó como otra violación más a la Constitución de la República, y dijo estar claroque es por parte del Gobierno dominicano.
Finjus dice intervención es inaceptable
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) calificó como inaceptable la intervención de llamadas telefónicas sin que medie una orden judicial en el curso de una investigación y demás aspectos indicados por ley.
“Más aun tratándose de la figura de legisladores que están investidos por ciertas garantías dada su integración en uno de los poderes del Estado”, señala la institución de la sociedad civil.
“Ciertamente constituye una lesión al derecho a la intimidad protegido por el texto sustantivo en su artículo 44 que refiere incluso que la limitación a tal derecho solo puede darse por orden de una autoridad judicial competente limitándose a ventilar solo aquello que esté ventilándose en la justicia”, indicó el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Asimismo manifiesta, que aunque la practica es recurrente es totalmente bochornosa.
“Condenamos esta práctica bochornosa, grave y censurable, aunque es sabido que esta práctica ha sido recurrentemente utilizada en nuestro país y esto es debido a la falta de consecuencias ante hechos como éstos”, sentenció Castaños Guzmán.
