El PRM tiene votos suficientes para aprobar la reforma, pero no ha logrado consenso político necesario
En los 30 años transcurridos desde 1994, la Constitución de la República ha tenido cuatro modificaciones y todas, con la excepción de la modificación de 2002, se han hecho con pactos políticos. La reforma de 1994, fue rubricada por los principales líderes políticos del país, Joaquín Balaguer y José Francisco Peña Gómez, así como el secretario general del PLD, Lidio Cadet; el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), John Graham, y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez.
La reforma de 2010, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas. A pesar de que Vargas no era el presidente de la organización, para entonces tenía la fortaleza del liderazgo de la organización.
En 2015, hubo un acuerdo en el PLD y luego entre el presidente Danilo Medina y Miguel Vargas, presidente del PRD.
Para entonces, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) se había convertido en el principal partido de oposición. Ni esa organización, ni el entonces candidato presidencial y hoy presidente de la República, Luis Abinader, respaldaron el proyecto de reforma.
Esa reforma solo cambió el artículo 124 de la Constitución para permitir la reelección del presidente Medina e incluyó la vigésima disposición transitoria de la Consitución que impide que el expresidente se postule de nuevo a la Presidencia de la República.
Para la reforma que plantea el presidente Abinader, aunque cuenta con los votos necesarios para el cambio, necesitaría de un acuerdo político con uno o ambos partidos de oposición, para legitimar el cambio constitucional. Ya Leonel Fernández y la fuerza del Pueblo (FP), han expresado rechazo a la propuesta “por innecesaria” y han advertido que sus legisladores votarán en contra.
La opción de un acuerdo político sería el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que preside y lidera Danilo Medina. La organización analizará hoy la propuesta para fijar posición.
El excandidato presidencial, Abel Martínez, le dio respaldo a la propuesta, mientras que Medina no ha expuesto su punto de vista, aunque el expresidente no tiene por cultura fijar posiciones públicas sobre temas de debate.
También el titular de asuntos jurídicos del partido morado, José Dantés, ha expresado apoyo al planteamiento de la reforma que excluye del Consejo Nacional de la Magistratura al Procurador General de la República. En cambio, Francisco Domínguez Brito, que aspira a la Presidencia del PLD, ha criticado la propuesta.
Según Fernández, la independencia del Ministerio Público que promete el presidente Abinader en su proyecto de reforma ya existe en la Constitución y ha afirmado que el proyecto también deja en manos del presidente la designación del Procurador, pero de manera indirecta a través del CNM.
Igualmente, el vocero de la bancada de senadores y miembro de la comisión bicameral del Senado, Omar Fernández, dijo que la propuesta del Poder Ejecutivo es ambigua.
“No queda claro cuál es el verdadero propósito de la reforma porque a fin de cuentas será el propio presidente quien, no solo postulará a su candidato sin posibilidad alguna de otra alternativa, sino que además, al presidir el Consejo Nacional de la Magistratura, también votará por él”, expuso en un documento.
En el caso del PRM, no hay consenso sobre todos los temas de reforma que plantea el Poder Ejecutivo, pero el presidente Abinader les advirtió a los legisladores de su partido que no podrán votar en contra de la propuesta que presentó.
La Dirección Ejecutiva del PRM, aprobó a unanimidad el proyecto, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que no todos los legisladores están de acuerdo con los puntos que serían cambiados en la Carta Magna, especialmente en la unificación de las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales y reducir a 35 el número de diputados.
La cláusula pétrea que propone el presidente Abinader para evitar que en el futuro se modifique la Constitución para la reelección, también ha encontrado el obstáculo de que necesita un referendo aprobatorio para introducirse en la Constitución de la República. El planteamiento lo sustentan juristas como Nassef Perdomo, Eduardo Jorge Prats y Juárez Castillo.
Una reforma resolvió una crisis
La reforma constitucional de 1994, que prohibió la reelección consecutiva, fue producto de la crisis política provocada por el resultado de las elecciones del 16 de mayo de ese año, debido a que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y su candidato, Peña Gómez, no aceptaron el resultado.
La solución al impasse recortó dos años al periodo presidencial 1994-1998 y se hicieron nuevas elecciones en 1996. Esa reforma también estableció el modelo de la segunda vuelta electoral, el 50+1 para ganar la Presidencia, separó las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales e introdujo cambios en la Suprema Corte de Justicia y creó el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otros cambios.
La reforma de 2010
La reforma a la Constitución de 2010 fue promovida por el entonces presidente Leonel Fernández e implicó una revisión de todos los artículos al punto que fue como una nueva Carta Magna, proclamada el 26 de enero de 210. Esa reforma también cambió el modelo de reelección al variar el modelo de 2002, promovido por Hipólito Mejía, de dos periodos y nunca más para volver al de 1994, de no reelección consecutiva.
Recientemente, el presidente Abinader le reclamó a Fernández que promovió esa reforma para quitar el nunca jamás que le aplicaba cuando dejó el poder en 2012, para mantenerse habilitado para volver a la Presidencia.
De esa Constitución, el presidente Abinader también quiere modificar el modelo de elecciones separadas y reducir el número de diputados que esa modificación congeló en 190. También excluir al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura.
Fuera de los temas, la reforma aportó instituciones como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral y constitucionalizó a los partidos.
La de 2002, una reforma sin consenso político
La reforma constitucional que promovió el entonces presidente Hipólito Mejía en 2002. no logró consenso. De hecho, el propio PRD estuvo dividido por el tema por la oposición férrea que hizo el presidente de la organización, Hatuey de Camps, lo que provocó una división en ese partido que se opone a la reelección presidencial por principio. El PLD no respaldó la reforma para la reelección de Mejía, sin embargo, unos doce diputados de esa organización votaron a favor de la propuesta y luego fueron expulsados de la organización. Para entonces se había denunciado que supuestamente fueron sobornados por el gobierno de Mejía para completar los votos que necesitaba para aprobar el cambio a la Constitución en la Asamblea Nacional Revisora de la Constitución, ya que el PRD y Mejía no contaban con ese número.
