La conformación de una Procuraduría especializada para asuntos electorales, prevista en la Ley Electoral, presenta retos y desafíos para su correcto funcionamiento de cara a combatir los delitos y crímenes electorales como la burocratización, la independencia, la imparcialidad, la formación y la asignación presupuestaria.
Así lo expusieron el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez Liranzo y la vicesecretaria del Conep, Marisol Vicens, durante un panel sobre los retos y desafíos de la Procuraduría especializada, organizada por el Movimiento Cívico Participación Ciudadana.
Jáquez Liranzo señaló que, el “TSE tiene competencia nacional, lo lógico es que el Ministerio Público, que irá a representar a la sociedad allí, no sea un procurador general de corte, equivalente jerárquicamente a una corte de apelación con demarcación regional, sino que tenga una competencia nacional, tal es el caso del Procurador general de la República o de un procurador general adjunto”.
“Resulta cuestionable que esta procuraduría especializada esté bajo la dirección, del director de persecución del Ministerio Público, lo cual, no lo reviste de la autonomía necesaria en la ejecución de sus decisiones, sino que la hace mecánicamente burocrática”, expuso.
Asimismo se cuestionó “qué sentido tendría que el MP designe mediante un concurso interno al procurador especializado en materia electoral, si a fin de cuentas el ejercicio de la función de este último está bajo la dirección, coordinación y supervisión del director de persecución y este a su vez del Procurador General de la República”.
En ese sentido, propuso, que el Consejo Nacional del Ministerio Público nombre un procurador general adjunto independiente del procurador de persecución y hacer énfasis en la capacitación de los fiscales y policías en cada provincia.
Vicens, de su lado, consideró que la independencia del Ministerio Público sigue siendo un desafío del sistema de justicia dominicano.
“Al examinar los delitos electorales previstos en la Ley 15-19 de Régimen Electoral y lo que ha sido el comportamiento histórico en nuestros procesos electorales, surgen justificadas dudas sobre la imparcialidad con la que podrá actuar esta procuraduría especializada en delitos electorales”, dijo.
“Estas inquietudes se refuerzan por el hecho de que históricamente las mayores situaciones de denuncias de fraudes, sobornos, vienen de partidos de oposición, a sabiendas de que el abuso de recursos del Estado ha sido una queja constante en nuestros procesos electorales que se maximiza cuando el presidente de turno busca la reelección o la retención del poder por su partido”, manifestó.
Sugirió que se debe definir un régimen que procure requisitos especiales para ocupar funciones en la procuraduría especializada. También que se proteja a sus miembros con garantías de permanencia en el cargo por un cierto período y causales estrictas de destitución para institucionalizar esta figura.
PC exige al MP identificar fondos
Participación Ciudadana (PC) exigió el funcionamiento de la Procuraduría Especializada en delitos electorales y consideró que es inaceptable un proceso electoral con la ausencia del ente de investigación y percusión. El coordinador general, Heiromy Castro, sostuvo que para formalizar el procedimiento de su creación, el Ministerio Público se encuentra obligado a identificar dentro de su presupuesto los recursos económicos que permitan garantizar la constitución de dicha dependencia, así como el proceso de organización del concurso para la designar titular.
