El proyecto de ley que crea el sistema de apoyo integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres dispone de una cuota de un 15% en cada proyecto habitacional del Estado para asignación de una vivienda temporal, a las mujeres que se encuentren en situación de extrema pobreza víctimas de violencia grave.
La iniciativa, de la autoría del senador Félix Bautista, indica además, que los programas de asistencia social deberán incorporar el enfoque de igualdad entre hombres y mujeres y priorizar la asignación de los beneficios a las mujeres víctimas de violencia.
En el sistema de apoyo integral para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres participarán 22 instituciones del Estado y sería coordinado por la Procuraduría General de la República (PGR).
Este punto es el que ha enfrentado al Ministerio Público con el Ministerio de la Mujer, por entender este último que sus funciones están siendo suplantadas.
En el sistema integral participarán los ministerios de la Mujer, de Salud Pública, de Interior y Policía, de Educación, de Educación Superior, de Trabajo, de Administración Pública, de Hacienda, de la Juventud y el de Deportes.
También el Consejo Nacional para la Niñez , la Oficina Nacional de Estadística, el Consejo Nacional para el VIH/SIDA, el Centro de Operaciones de Emergencias, la Defensa Civil, el Consejo Nacional de la Discapacidad, los ayuntamientos, el Poder Judicial, el Defensor del Pueblo, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza.
Finjus llama al consenso
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró que el proyecto de ley que crea el sistema de apoyo integral para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres requiere de un mayor consenso entre los actores oficiales y todos los sectores sociales vinculados, a fin de que su versión final tenga una mayor profundidad y especificidad para alcanzar la eficiencia y eficacia necesarias en la lucha contra este grave flagelo.
“La mayoría de las políticas públicas que han sido implementadas en esta temática en el país en los últimos años han mostrado graves insuficiencias en el conocimiento apropiado de los operadores de sistema sobre la magnitud del problema y las causas que lo generan”, sostuvo.
Indicó que un proyecto de ley que aborde integralmente esta materia, puede significar un importante paso de avance que podría traducirse en resultados positivos.
PGR y Ministerio de la Mujer son competentes
La Finjus señaló que más allá de indicar cuál institución es competente en la materia, conviene revisar la iniciativa en cuanto a la factibilidad y eficacia de la centralización que pareciera ser atribuida al Ministerio Público. “La distribución de funciones con una buena coordinación interinstitucional permite mayor eficiencia a cada uno de los actores, los cuales tendrán objetivos precisos para que cada órgano cumpla con su función”, estimó.
