La sociedad civil venezolana pidió a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que se una a las voces internacionales que exigen una nueva convocatoria a elecciones en esa nación suramericana y que se aplique un nuevo cronograma electoral.
El integrante del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, explicó que las elecciones presidenciales, fijadas para dentro de 10 días, deberían realizarse durante el último trimestre del año y con las garantías electorales que establece la normativa legal vigente.
“El cumplimiento de esas garantías electorales debe reestablecer plenamente el pluralismo político en Venezuela, severamente restringido por inhabilitaciones políticas de dirigentes políticos, excluidos de su derecho a ser elegidos, que fueron decididas con procedimientos administrativos reñidos con la Constitución”, aseguró.
Refirió que previo a una eventual nueva convocatoria electoral, deberán ser restituidos todos los derechos de los partidos políticos que han sido ilegalizados durante los dos últimos años.
“Solicitamos que la CIDH se mantenga vigilante ante eventuales represalias u obstrucciones a la labor de los defensores de los Derechos Humanos y observadores electorales nacionales y se inste al Estado a respetar la labor de los medios de comunicación”.
Además, los representantes de la sociedad civil venezolana cuestionaron la subordinación del Poder Electoral al Poder Ejecutivo, la implementación del Carnet de la Patria como un instrumento político partidista para el chantaje electoral por parte del Estado venezolano y la implementación de políticas orientadas a la destrucción de los partidos políticos.
“En el año 2006 había en el país 62 partidos políticos, pero hoy sólo quedan 17 debido a que el Consejo Nacional Electoral convocó a procesos de revalidación a través de procesos irregulares”, dijo.
Más temprano, también denunciaron que producto de la crisis humanitaria, los discapacitados padecen problemas de salud y alimentación.
