El año 2017 fue positivo en la política migratoria del país, de acuerdo a la Mesa Nacional Para las Migraciones, aunque hay grandes desafíos, como humanizar las deportaciones.
La puesta en funcionamiento del Consejo Nacional de Migración y la activación del Instituto Nacional de Migración, la Escuela Nacional de Migración y la extensión del Plan Nacional de Regularización son parte de los avances de acuerdo a la organización.
“Debemos reconocer que hay una nueva política que implementa el Gobierno con organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales que residen en el país. Hemos visto mayor nivel de dinamismo en ese sentido” afirma William Charpantier, coordinador de la Menamird.
Para este 2018 uno de los desafíos, señla Charpantier, es humanizar el proceso de deportación de migrantes.
“Hemos notado que en el proceso de deportación hay niveles de distorsiones, por ejemplo, un migrante que se detiene y se lleva al vacacional de Haina, de acuerdo a la Constitución y las leyes, no puede durar más de 72 horas detenido. Somos testigos de personas que han durado ahí más de dos meses esperando la deportación. Son situaciones que el Estado debe mejorar” dijo a elCaribe.
De acuerdo con la Dirección General de Migración, el año pasado fueron repatriados y no admitidos, 110 mil 030 extranjeros provenientes de 33 países. De estos 57 mil 996 fueron deportados y otros 52 mil 034 extranjeros no fueron admitidos por las vías aérea y terrestre.
Indica que otro desafío es seguir el proceso de adecuación de la población con arraigo en el país. “Una población que tiene más de 30 años residiendo y que el Estado tiene una deuda social con esa población. Estamos hablando de personas que necesitan tener una residencia permanente, que necesitan integrarse a la sociedad”, adujo.
Confusión entre Plan y aplicación de ley 169-14
Sostiene que un elemento negativo es que el Plan Nacional de Regularización y la aplicación de la Ley 169-14, sobre naturalización, se han desarrollado de manera paralela, lo que ha provocado que los beneficiarios y la opinión pública, confundan los plazos, requisitos y acciones. “Esto ha hecho que se cometan errores y también se afectó la imagen internacional del país”, dijo.
