El Sexto Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Oeste varió ayer la medida de coerción de prisión domiciliaria a garantía económica de 3 millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida al empresario Eddy Santana Zorrilla, acusado de alegada corrupción en el caso OMSA.
La jueza Sandra Guerrero también declaró inadmisible la medida de “coerción real” contra Santana, sometida por los abogados de la familia de Yuniol Ramírez contra éste último, Manuel Rivas, exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y Faustino Rosario, exdirector financiero, a fin de indemnizar a los familiares del fenecido abogado, con 100 millones de pesos a cada uno de los imputados, cuando el juicio obtenga una sentencia definitiva en el juicio de fondo.
La magistrada también aplazó para el próximo 8 de febrero el conocimiento de la medida de “coerción real” a dos de los acusados materiales e intelectuales del asesinato del abogado y profesor universitario.
Guerrero determinó el aplazamiento ante la ausencia de Faustino Rosario y de José Antonio Mercado (El grande), quienes guardan prisión, el primero en Operaciones Especiales de la Policía, y el segundo en la cárcel de La Victoria, y no fueron trasladados ayer al juicio.
El abogado de Santana, Miguel Valerio, justificó la decisión de la magistrada de conocerle de forma individual la medida de “coerción real” al empresario, bajo el entendido de que este no está en el expediente por ser cómplice del asesinato del abogado, sino por la supuesta corrupción que se le atribuye en la compra de piezas y reparación de unidades de la OMSA.
La Procuraduría General de la República informó a través de un comunicado que la juez presidenta del Sexto Juzgado de la Instrucción declaró “complejo”, el caso de Santana Zorrilla, a petición del Ministerio Público, a fin de darle más tiempo a los fiscales para preparar el expediente acusatorio del caso, contra el empresario y otros implicados en el caso de la muerte de Yuniol.
