SANTO DOMINGO- UNICEF, en su participación pública en recientes Vistas, se sumó al planteamiento de que es preciso garantizar la compatibilidad entre el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño con el Código Penal, ya que citado artículo invita a los Estados signatarios a emplear todos los esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes contra todos los tipos de violencia.
“Entendemos que la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley del Código Penal de República Dominicana tiene un reconocido interés, apertura y compromiso con el manejo de los temas de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes del país, nación que en dos ocasiones ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto quedó demostrado en la invitación a vistas públicas que hiciera dicha Comisión a la sociedad, siendo nuestra organización una de las entidades invitadas a participar de este encuentro”, expresa Anyoli Sanabria, representante adjunta del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia al reiterar hoy lunes las recomendaciones realizadas para la oportuna ejecución del relevante documento estatal.
Sanabria agrega que: “la petición de UNICEF no es nueva. En 2023, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado dominicano a que se prohíba de forma expresa, y se eliminen los castigos corporales, tanto de la ley como de la práctica, en todos los ámbitos, incluidos el hogar, los centros con modalidades alternativas de cuidados y las guarderías. Esta recomendación fue aceptada por la delegación del país en Ginebra, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), por reconocer la deuda de la nación dominicana con relación a la armonización de su marco legal a las mejores prácticas internacionales para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra la violencia”.
Asimismo, la vocera del organismo internacional acentúa que “en ese mismo año, una delegación del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y UNICEF se sentaron con los integrantes de las Comisiones de Justicia, de Niñez y de Adolescencia, Juventud, Derechos Humanos y Asuntos Municipales centrándose su atención en el artículo 123”.
“En su actual redacción, el artículo sugiere a la sociedad dominicana que la violencia ejercida hacia niños, niñas y adolescentes en el hogar está permitida siempre que no represente un ‘patrón’ y no sea ‘reiterada’. Esta lectura termina por imponer la carga probatoria a la víctima para poder obtener medidas protectoras o penales, ya que además de comprobar la violencia debe adicionalmente comprobar la repetición de la conducta”, afirma la representante adjunta.
UNICEF, en su comunicado, remarca que “es particularmente importante escuchar la voz de los niños, niñas y adolescentes”.
De igual forma, argumentan: “hemos consultado a cientos de adolescentes y de jóvenes dominicanos, con el fin de saber cuáles temas les preocupan más, siendo los más frecuentes la salud mental y la violencia contra ellos y ellas”.
“Chicos y chicas nos contaron sus historias de cómo se suele pegar por cosas que no están bajo su control, porque no les creen o porque los adultos se encuentran preocupados por temas de adultos. Nos han comentado sobre la sensación de injusticia y de desamparo que suelen sentir en estas ocasiones y cómo esto se refleja en la degradación de su autoestima y de su salud mental”, manifiesta Sanabria.
Al finalizar las declaraciones del documento de prensa emitido por UNICEF, se enfatiza en que “la educación respetuosa no significa promover un estilo de crianza permisivo, significa respetar la dignidad de los niños, niñas y adolescentes en todo momento con límites claros basados en la razón, la sensibilidad, el amor, la igualdad, la tolerancia y el respeto”.
Asimismo, aseveran que “para República Dominicana es fundamental que la prohibición de la violencia física, en todos los entornos, se encuentre incorporada de manera expresa en los principales instrumentos jurídicos de la nación, y uno de ellos es el Código Penal. Es necesario que el Senado y la Cámara de Diputados se comprometan con los niños, niñas y adolescentes revisando el artículo 123 para eliminar las excepciones”.
