Santo Domingo, RD. – El presidente de la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales (ADIJ), Luis Pérez Guzmán, reveló este viernes que muchos jueces en la República Dominicana se enfrentan a dificultades para contar con intérpretes judiciales de criollo haitiano, lo que los lleva a recurrir a vendedores ambulantes haitianos que dominan el idioma español para evitar tener que posponer las audiencias.
Durante una entrevista en el programa «Despierta con CDN-elCaribe«, Guzmán atribuyó este problema a la escasez de traductores e intérpretes judiciales, lo cual afecta la administración de justicia en los tribunales de República Dominicana, especialmente en aquellos situados en la línea fronteriza, donde las dificultades son múltiples debido específicamente a la falta de intérpretes de criollo haitiano.
«Al no tener la posibilidad de brindar este servicio, los tribunales se ven obligados a aplazar los procesos, lo cual resulta muy traumático para las personas que buscan justicia», comentó Guzmán.
Asimismo, puso como ejemplo el caso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde algunos jueces han tenido que llamar a un vendedor de coco ubicado en una esquina del parque Eugenio María de Hostos, debido a su habilidad para hablar correctamente en español.
Sin embargo, el presidente de ADIJ afirmó que durante este año se han registrado más de 50 aplazamientos de procesos legales en las zonas fronterizas, debido a la falta de intérpretes judiciales, lo cual afecta los derechos y prerrogativas constitucionales que tienen los ciudadanos de hablar durante el desarrollo de las audiencias y garantizar su derecho a la defensa.
RD signataria de un acuerdo
En ese sentido, subrayó que la Carta Interamericana de los Derechos Humanos establece que cuando una persona manifiesta que no habla español, debe recibir asistencia de un intérprete para que entienda de qué se le acusa y pueda ejercer su derecho a la defensa.
Guzmán destacó que República Dominicana es signataria de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y que, de acuerdo con esta, los extranjeros que no dominan el idioma español tienen derecho a recibir asistencia de un intérprete de forma gratuita para no obstaculizar el proceso judicial.
El presidente de ADIJ señaló que, si bien existen alrededor de mil intérpretes judiciales en los diferentes distritos judiciales del país, la mayoría se concentra en el Gran Santo Domingo, lo que agrava la escasez de intérpretes en áreas más alejadas.
Asimismo, mencionó las estadísticas en los tribunales de Mao, donde se presentan numerosas demandas laborales por parte de los haitianos contra sus empleadores, y afirmó que, en lo que va de año, se han producido más de 50 aplazamientos debido a la falta de un intérprete judicial que pueda garantizar este derecho fundamental.
Proyecto de ley
Por otra parte, el presidente de la Asociación Dominicana de Intérpretes Judiciales expresó su apoyo y valoración hacia el proyecto de ley que busca establecer el Colegio Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales en República Dominicana. Según Guzmán, esta iniciativa tiene como objetivo principal garantizar la calidad del servicio brindado por los intérpretes tanto al sistema judicial como al público en general.
El presidente de ADIJ resaltó que este proyecto de ley tiene la intención de asegurar una formación continua para los intérpretes, así como representar y colaborar con la comunidad de profesionales en su desarrollo constante. Además, el proyecto propone la creación de un consejo disciplinario que promoverá la mejora de la calidad del servicio ofrecido a la población.
Luis Pérez Guzmán finalizó con un llamado a la Comisión del Senado de la República para que tome en consideración y apruebe esta legislación, ya que ha permanecido en el Congreso Nacional por más de diez años, debido a que se aprobó el año pasado en la Cámara de Diputados, pero aún se encuentra pendiente de revisión en la cámara alta desde hace más de un año.
