Barahona. El Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de aquí, anuló mediante sentencia unos 200 deslindes fraudulentos, y reconoció los derechos del Estado dominicano en la parcela 40 del Distrito Catastral No. 3, del municipio de Enriquillo, en Bahía de las Águilas.
La Procuraduría informó, a través de una nota, que el juez Juan Domingo Méndez Quezada, anuló el deslinde en la referida parcela, que tenía más de 4 mil 530 tareas de extensión de playas y vocación turística en Bahía de las Águilas.
Relató que dicho tribunal de la jurisdicción de Tierras, rechazó en todas sus partes, los argumentos de la parte demandante, representados por la abogada Eudalice Ruiz Peña en cuanto al fondo, y dispuso la anulación de los trabajos de deslinde, subdivisión y transferencia presentados por el agrimensor Orlando Lorenzo Gómez Gómez, con relación a varias designaciones catastrales en Pedernales.
Dicha decisión fue tomada por ser violatoria a la Ley 108-05, Principios II y IV, artículos 90, 91 y 92 al no tener derechos registrados y además por constituir una violación a la Resolución No. 355, artículo 13 del Reglamento General de Mensuras Catastrales, así como al artículo 46 letra C de la Resolución 628 de dicho reglamento.
En la sentencia los señores Lourdes Altagracia Contreras Alcántara y Virgilio Ezequiel Vargas Almonte, quienes solicitaron deslindar con un título fraudulento alegando haberlo adquirido del Estado, fueron condenados al pago de las costas civiles a favor de los abogados particulares del Estado dominicano.
El comunicado señala que el juez acogió en cuanto a la forma y al fondo las conclusiones presentadas por el Ministerio Público y las demás instituciones gubernamentales que representan al Estado, quienes solicitaron anular los trabajos de deslinde y subdivisión realizados por el referido agrimensor.
El MP presentó diferentes pruebas durante la audiencia, con las cuales demostró el despojo fraudulento de los terrenos por particulares, logrando que el tribunal declarara al Estado dominicano como único y legítimo propietario de la parcela 40 del D.C. No. 3.
En este proceso, el Estado estuvo representado por el fiscal ante la jurisdicción inmobiliaria, Gedeón Bautista, la Dirección de Bienes Nacionales y el Ministerio de Medio Ambiente.
