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Santo Domingo.- El diputado de la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo, reintrodujo el proyecto de la nueva Ley General de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´S), la cual crearía un marco legal para este importante sector acorde a los tiempos modernos; garantizando su crecimiento y expansión, seguridad a las inversiones y sobre todo precios asequibles y servicios de calidad a todo el pueblo dominicano.
“Reducir los impuestos a los servicios de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´S) en un 30% (Telefonía, Datos/Internet, Televisión) para derribar barreras de precio y cerrar la brecha digital, y se reconoce el Acceso a Internet como un Servicio Público Básico y un derecho digital esencial de alto interés nacional con el fin de ejercer y disfrutar el derecho a la libre expresión, otros derechos fundamentales garantizados en la constitución y para el uso productivo”, establece el proyecto.
También señala que el uso de los fondos de las tecnologías de información y telecomunicación debe privilegiar la instalación de internet Wi-Fi gratuito en todos los municipios y distritos municipales del país.
“Promueve el establecimiento de subsidios por parte del Estado para la adquisición de televisores inteligentes hacia los sectores de bajos ingresos, a través de los programas sociales como una forma de reducir la brecha digital y deducciones impositivas a las empresas de difusión de radio y televisión y fomenta la inversión nacional y extranjera, pública y privada en las TIC´s”, expresa.
El proyecto promueve redes de alta velocidad y capacidad, distribuidas en el territorio nacional que permitan a la población el acceso al servicio de internet de banda ancha, así como las condiciones de competencia en el mercado de la industria de las TICS que logre el reajuste de tarifa y la mejoría en la calidad del servicio, minimizando las posiciones dominantes de mercado como monopolios u oligopolios.
Asimismo, crea las condiciones para garantizar a los ciudadanos el derecho de acceder a servicios de calidad con precios y tarifas equitativas, elegirlos con libertad, información precisa y no engañosa sobre su contenido.
“Establece los procedimientos de defensa de los usuarios, sanciones por la vulneración de estos derechos, la reparación, la indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de los servicios y por su interrupción, y promueve y supervisa el uso efectivo del espectro radioeléctrico y demás recursos limitados del sector”, indica la pieza.
Garantiza los derechos de las personas, especialmente los grupos de atención prioritarios y facilita el acceso de los usuarios con discapacidad a los servicios TIC’s, al uso de equipos terminales y a las exoneraciones y beneficios que se puedan determinar en el ordenamiento jurídico.
También buscar simplificar los procedimientos para el otorgamiento de las licencias y concesiones (títulos habilitantes) y las actividades relacionadas con su administración y gestión, y reafirma el principio del servicio universal de las tecnologías de información y comunicación, no solo la telefonía, sino el internet y otros servicios, sobre todo, en áreas rurales y urbanas de bajos ingresos para que tengan la posibilidad de acceso a un servicio básico mínimo de telefonía, servicios de información, difusión de radio y televisión, acceso a internet y comunicación.
Garantiza el derecho del usuario a elegir el prestador de los servicios TIC´s que a su criterio le convenga y establece un régimen de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios de la forma más favorable para estos, entre otros puntos trascendentales para el desarrollo del sector.
Con este proyecto que ha perimido en varias ocasiones, se busca modificar la Ley General de Telecomunicaciones número 153-98 que establece el mercado de las telecomunicaciones, que se rige por disposiciones de libre y leal competencia y define las prácticas consideradas como restrictivas a la competencia.
El congresista de la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández hizo entrega del referido proyecto a la secretaria general de la Cámara de Diputados, Ivonne Mota.
