Legisladores miembros de la comisión bicameral que estudia la ley de partidos temen que los puntos consensuados en el proyecto de ley se pierdan por la inercia de la comisión, en tanto que la Finjus advirtió que la intervención del Estado respecto al tema no debe exceder lo que la Constitución le permite.
A más de un mes sin reunirse, el desánimo y la incertidumbre reinan entre los comisionados que con tanto afán anunciaban que este año sería aprobada la ley de partidos.
La reunión ya ni siquiera está siendo colocada en la agenda de comisiones del Senado de la República, luego de la cancelación de los últimos encuentros pautados.
El llamado a consulta por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana para determinar la constitucionalidad de las primarias abiertas y simultáneas coincide con la salida del país del senador Arístides Victoria Yeb, quien preside dicha comisión.
“El senador está fuera del país por asuntos personales y se espera que regrese hoy. Vamos a esperar que la decisión que toma, si la comisión recupera el dinamismo que tenía cuando iniciamos los estudios. Pero nosotros no debemos ser suplantados en las decisiones que se supone debe tomar el Congreso”, dijo el secretario de la comisión Víctor D’Aza.
El diputado D’Aza manifestó que sería lamentable que se pierda un 98% del consenso logrado por los legisladores, solo por un punto que no tenga consenso general, pero sí mayoritario. “La posición de los partidos y de la opinión pública en general es la misma, padrón cerrado”.
Ese 98% al que D’Aza hace referencia es a la regulación de los tiempos de pre-campaña, la prohibición de las actividades en las calles, publicidad radial y televisiva, la reserva de 20% de las candidaturas por parte de las cúpulas, entre otros.
La comisión aún está en plazo para seguir reuniéndose y rendir un informe, ya que esta legislatura cierra en enero del 2012, sin embargo, debe esperar primero que el CP-PLD rinda su veredicto sobre el tema.
“Ojalá que los integrantes de la facción del PLD, que está propugnando por la celebración de primarias abiertas y simultáneas, tomen en consideración las opiniones de especialistas en materia constitucional que se han expresado al respecto”, dijo.
“Esperaremos la llegada del presidente de la comisión que nos ha reiterado que en sus manos no va a perimir el proyecto de ley y que este año estaríamos conociendo el informe. Tomémosle la palabra al presidente”
Intervención del Estado
La Fundación Institucionalidad y Justicia expresó, a través de un comunicado, que el grado de intervención conforme a la configuración constitucional actual no permite al Estado determinar cuál debe ser en concreto la forma de elección de los candidatos de los partidos políticos en las elecciones internas.
“Más allá de tratar forzosamente la inconstitucionalidad al respecto de este tema, debe tomarse en cuenta que la intervención del Estado no exceda lo constitucionalmente posible y afecte de manera irrazonable la libre asociación”, señala el análisis del vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán.
Asimismo, invitó al Estado y los partidos políticos a reflexionar en esta dirección y tomar una decisión consensuada que no ponga en riesgo el sistema político. “Los preceptos de orden jurídico y político que circundan este tema, no son superiores a la necesidad de que se apruebe una ley de partidos en cuya discusión hemos estado inmersos durante casi veinte años sin obtener fruto”.
Calificó que lo importante es garantizar que los mecanismos de la vida interna de los partidos respondan a un contenido democrático, tanto en lo organizativo como en los procedimientos de elección, “sin que ello implique un excesivo intervencionismo por parte del Estado”.
Celebración de primarias no es obligatorio
La Finjus expresó que es un hecho que las primarias cerradas evitan el uso desmedido del asistencialismo como manera principal de ganar un torneo electoral interno.
Aunque señaló que el principio de democracia interna de los partidos no impone automáticamente la celebración de primarias, sino que engloba un conjunto de mandatos que incluyen la obligación de respetar la participación directa de su militancia en cada fase del proceso.
Asimismo, manifestó que no existe obligatoriedad legal, constitucional o política para que los partidos se acojan exclusivamente a un solo tipo de procedimiento específico para garantizar la democracia interna.
