Foto Danny Polanco
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El Tribunal Constitucional celebró este viernes la primera audiencia pública efectuada en su sede, ubicada en la avenida 27 Febrero esquina Gregorio Luperón, donde conoció once casos de acción directa de inconstitucionalidad, que dejó en estado de fallo.

Entre los recursos conocidos por el TC figuran dos que atacan la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier, encabezó la jornada en la que se conoció el expediente TC-01-2024-0004, en el que las instituciones Acción Cristiana, Juventud con una Misión (Jucum), RD Inclusiva, Foro de Mujeres en Defensa de la Vida y la Familia, Fumejid y los señores Mayobanex Pepín, María Magdalena Piña Dirocie, Mercedes Núñez, Carmen Orozco Martínez y Edward Ureña Ureña atacaron la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de fecha 15 de enero del 2024.

Asimismo, el Pleno de órgano jurisdiccional abordó el expediente TC-01-2024-0012, mediante el cual los accionantes Wilton Martínez Almonte, Cevero Israel Abreu Almánzar, Juan Martínez Salcedo, Polonia de la Cruz y Juan Carlos Martínez Monegro atacaron la resolución IDA/DGNO.0063, de fecha 15 de enero del año 2024, emitida por el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD).

Del mismo modo, se conoció el expediente TC-01-2024-0014, en el cual la Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A. (Claro) atacó la Resolución núm. 070-2023, de fecha 6 de julio de 2023, dictada por el Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).

El Pleno también evaluó el expediente TC-01-2024-0015, mediante el cual la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec) atacó la Resolución núm. 039-13, dictada el 11 de octubre de 2013, que crea el mecanismo de inscripción y validación de la identidad de todos los usuarios de los servicios públicos de telefonía y dicta medidas para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11.2 y 31 del Reglamento número

110-12, del 9 de agosto de 2012, que aprueba las modificaciones al Reglamento General del Servicio Telefónico; artículos 10.1 y 10.2 de la Resolución número 070.19, de fecha 11 de septiembre de 2019, que aprueba la norma que regula la contratación y activación de los servicios públicos de telecomunicaciones, todos emitidos por el Consejo Directivo de Indotel

Los jueces reunidos en audiencia pública conocieron, de igual manera, el expediente TC- 01-2024-0016 con el cual el accionante Willymberto Taveras Rodríguez atacó la Resolución IDA/DG/núm. 15, de fecha 26 de junio del año 2023, emitida por el Instituto Agrario Dominicano; y el expediente: TC-01-2024-0017 con el que Vladimir Reynoso González ataca los artículos 154.4 y 175 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, de fecha 13 de septiembre de 2013.

Durante la audiencia se revisó el expediente TC/01-2024-0018 mediante el cual Ramón Peralta y Audrys García Calderón atacan el artículo 56 y párrafos de la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, de fecha 17 de enero de 2023; en tanto mediante el expediente: TC/01-2024-0019, los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD) atacaron la Ley 1-24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), de fecha 15 de enero de 2024.

En el desarrollo de la primera audiencia pública realizada en la sede de la alta corte, los jueces del Tribunal Constitucional conocieron también el expediente TC/01-2024-0020, mediante el cual los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) atacaron la Ley 66-23, que dispone medidas regulatorias a los contratos de concesiones de bienes, servicios y obras.

Asimismo, ventilaron el expediente TC/01-2024-0021, a través del cual Vladimir Reynoso González ataca los artículos 153, 160.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y el 161 de la Ley 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, del 19 de septiembre de 2013.

La audiencia pública del Tribunal Constitucional conoció finalmente el expediente TC/01-2024-0022, mediante el cual la Red Nacional de Jueces ataca el Acta núm. 02-2022 que aprueba el Manual de Compensaciones y Beneficios del Poder Judicial, mediante su segunda resolución dada el primero de febrero del año 2022.

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