El Ministerio Público despositó ayer ante la secretaria de la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de prisión preventiva, como medida de coerción, en contra de los implicados en el nuevo escándalo de corrupción administrativa que ha sacudido a la República Dominicana.
Los siete imputados están siendo implicados un esquema de malversación de fondos públicos en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras. El órgano persecutor pide que el caso sea declarado complejo.
La investigación, liderada por la Procuraduría General de la República, ha revelado irregularidades en el contrato del Intrant y la empresa Transcore Latam, SRL, propiedad del reconocido empresario Jochi Gómez, en torno al manejo del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo, proyecto que asciende a 1,200 millones de pesos.
El escándalo ha generado un clamor generalizado entre la ciudadanía; una parte exige transparencia y justicia, mientras que otra piden a las autoridades judiciales que desarrollen el debido proceso, que se preserven los derechos fundamentales de los procesados.
Mientras tanto, la Procuraduría ha comenzado a realizar interrogatorios a los implicados y ha solicitado la colaboración de exfuncionarios que en sus gestiones realizaron contratos con la empresa Transcore Latam, SRL.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) pospuso para el lunes el interrogatorio al exministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, que tenía contrato con una de las compañías allanadas por el caso de semaforización.
Rubén acudió acompañado de su abogado Jovany Tejada y fue recibido por la directora de Persecución, Yeni Berenice Reynoso.
