Representantes de organizaciones de la sociedad civil depositaron ante la Comisión Bicameral designada para el estudio del proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley Orgánica del Régimen Electoral, varias propuestas y sugerencias de modificación sobre las referidas iniciativas sometidas por la Junta Central Electoral.
En ese sentido, el movimiento cívico Participación Ciudadana propuso numerosas modificaciones, entre ellas la creación de una procuraduría especial para perseguir los delitos electorales. Al vincular ambas piezas, PC plantea además la necesidad de un gran pacto político social para superar los problemas institucionales, la corrupción y la impunidad que afectan a la nación.
Entre las propuestas sobre la Ley de Partidos, propone que los estatutos de los partidos garanticen la democracia interna, que cada partido organice y procese sus procesos eleccionarios internos, con garantías democráticas, con asistencia técnica, supervisión y fiscalización de la JCE. Además considera fundamental la renovación periódica de los dirigentes y la elección de candidatos a las elecciones nacionales por voto universal de los militantes, limitando al 10% la cuota para postular dirigentes y aliados, por decisión de los organismos pertinentes, establecer límite de tiempo y de gasto en las pre-campañas y campañas electorales.
La propuesta de PC también incluye una distribución menos desproporcionada del financiamiento estatal a los partidos, reduciendo del 80 al 70% el destinado a los que obtengan más del 5% de los votos, y el resto en proporción a los votos obtenidos en los distintos niveles de elección y al número de ciudadanos que apoyan un nuevo partido y que la extinción definitiva de un partido sea después de un tercer reconocimiento, en vez de los dos que plantea el proyecto de la JCE.
Sobre el Proyecto de Ley Electoral, la organización cívica propone que la creación de una Procuraduría Especializada para la Persecución de los Delitos Electorales esté integrada por profesionales sin militancia partidista ni vínculos con el Gobierno, eliminar la condición de abogado para ser miembro titular de la JCE, mantener el voto preferencial por los diputados y ampliar las facultades del elector para escoger senador y diputados de diversas listas.
Otras propuestas son limitar el gasto y el tiempo de las campañas electorales a 90 días máximos, limitar la publicidad de los organismos del Estado en el período de campaña a los asuntos institucionales y legales, así como el gasto social de los órganos estatales, la contratación de empleados fijos o temporarios, al promedio de los tres años anteriores, la prohibición de inauguraciones de obras durante el período de campaña, y que todos los candidatos a la reelección tomen licencia de sus cargos ejecutivos o municipales.
Finjus propone transparencia
La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue reiterativa en los temas del financiamiento público y privado, la democracia interna de los partidos, la garantía de la participación política de la mujer, el establecimiento de un régimen de incompatibilidades, la publicidad y la transparencia en el manejo de los fondos.
En su propuesta incluyó la sugerencia de impulsar la alternabilidad en los organismos de dirección de las organizaciones políticas. Asimismo, consideró oportuna la prohibición expresa de que, ante la renuncia de una candidata a un puesto de elección popular, ese puesto debe ser ocupado obligatoriamente por otra mujer, consagrando así el principio de igualdad real.
Propuso que quienes se presenten como candidatos a cargos de elección popular deban presentar una certificación de pago de impuestos y una declaración jurada de bienes, y que se prohíba ser alto directivo de una organización política y, a su vez, ocupar un alto puesto en el seno de la administración pública.
En cuanto al financiamiento público, que el 40% del total se reparta equitativamente entre los partidos políticos y el restante 60% se distribuya en base a los votos válidos obtenidos por cada organización. También pide que se establezcan controles y límites a las donaciones privadas y se elimine el anonimato de las donaciones, publicar el origen de la contribución y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado dominicano.
De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FTJ) solicitó que se tomen las medidas necesarias a fin de evitar violaciones constitucionales que permitan acciones ante el Tribunal Constitucional, demandando su nulidad una vez convertida en ley la pieza.
La alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) propuso la realización de elecciones primarias simultáneas y administradas por la JCE, para escoger a los candidatos, también apoya que los donantes en las campañas sean identificados, así como la procedencia de los recursos.
Al encuentro con la Comisión Bicameral participaron Maricela Duval y Rosalía Sosa, por Participación Ciudadana; Servio Tulio Castaños Guzmán, por la Finjus; Trajano Vidal Potentini, por la Fundación Justicia y Transparencia, y por la Alianza Contra la Corrupción, Julio César de la Rosa.
El presidente de la Comisión, Arístides Victoria Yeb, informó que dicha comisión se limitó a escuchar las propuestas sin emitir opinión sobre las mismas, porque aun no se está realizando la fase deliberativa. Hoy la Comisión recibirá a los representantes de los partidos minoritarios a partir de las 10:00 a.m. y mañana realizará vistas públicas en el salón de la Asamblea Nacional, donde recibirán a partir de la 9:00 de la mañana, las propuestas en torno a las leyes electorales.
El PRM se opone a proyectos
El Partido Revolucionario Moderno mostró su desacuerdo con los proyectos de ley de Partidos y Electoral que estudia la Comisión Bicameral.
“El pueblo tiene que saber que el proyecto de Ley Electoral y de Partidos que pretende aprobar el Congreso de Danilo Medina son los proyectos de Roberto Rosario Márquez, expresidente de la pasada y nefasta Junta Central Electoral, sin una coma de más o de menos”, expresó en un breve comunicado.
