Organizaciones de mujeres se manifestaron nueva vez frente al Congreso para expresar su “rechazo rotundo” a la penalización del aborto en situaciones extremas, porque, según expresan, constituye una violación a los derechos humanos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Representantes de la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaem) y el Círculo de Mujeres con Discapacidad (Cimudis) dijeron que las conclusiones del informe de la comisión de justicia de la Cámara Baja que veta el aborto en 3 causales es un atentando grave a la salud y dignidad de las mujeres pobres, que son el 30.37% a nivel nacional y el 40.41% en la zona rural.
“La criminalización del aborto viola una serie de derechos humanos” y la penalización “no disuade a las mujeres” de someterse a esta práctica cuando la requieren por motivos de salud o dignidad”, expresó Francisca Peguero, de Asonaem.
Sostuvo que cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a servicios eficaces de anticoncepción y aborto seguro, hay graves consecuencias para su salud y la de sus familias. Lamentan, que a pesar de los avances de la tecnología se sigan practicando abortos clandestinos, cuando el Estado pudiera proveer este servicio, para que las mujeres no continúen sufriendo y muriendo por esta causa.
“La clandestinidad solo puede combatirse mediante la responsabilidad estatal de legalizar el procedimiento en los hospitales, garantizando a las mujeres el derecho a decidir sobre su propio cuerpo en situaciones extremas, sin ser juzgada o estigmatizada”, manifestó Tayiri Acosta, del Círculo de Mujeres con Discapacidad.
Las manifestantes entregaron un documento con las demandas a la diputada Magda Rodríguez, presidenta de la comisión de género, al vocero del Frente Amplio, Fidel Santana, y al del PLD, Gustavo Sánchez.
