La exigencia del Ministerio de Administración Pública para que los empleados públicos lleven a las instituciones sus facturas al día del pago de luz y agua sigue generando el rechazo de los sectores.
Ante la circular publicada por el MAP y que sectores consideran violatoria a la Constitución y a los derechos de los empleados, el presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, afirmó que esta medida podría generar tensión e inseguridad entre los servidores públicos.
Aunque Abreu considera que en el país no hay cultura del pago de los servicios, es de opinión de que para regular esta situación hay que iniciar con un proceso formativo de los empleados para luego establecer o buscar el compromiso de que los servidores públicos, como ejemplo a los demás ciudadanos, cumplan con las obligaciones. “Lo que deben hacer es dar el servicio y ser eficientes con el cobro”, pronunció el titular de la CNUS, al tiempo que sostuvo que presionar con esta acción lo único que causa es molestia y repercute en un disgusto que no es necesario dárselo a la población dominicana que está en una etapa de cierta aprehensión por estar lidiando con los precios y el costo de la vida.
Desde la pasada semana, cuando se dio a conocer la circular del MAP, las redes sociales han sido el centro de críticas de la comunidad jurídica, política, gremios y entidades de la sociedad civil a la disposición gubernamental que de entrada ha sido defendida por el titular del MAP, Sigmund Freund y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.
Esto, en razón de que el MAP pide a los empleados reportar, en un plazo de 15 días, ante los departamentos de Recursos Humanos las facturas al día del agua y la luz. La disposición establece que en caso de que el empleado no tenga alguno de los servicios a su nombre, deberá indicar a nombre de qué familiar está y si cumple.
Lo que dicen sectores y la defensa del Gobierno
Los sectores consideran que la circular es violatoria a la Constitución, la dignidad y la privacidad de los empleados públicos y sus familiares. Otros afirman que esto es “penoso y terrible en el fondo y la forma”. El Gobierno, en cambio, se defiende al afirmar que esto tiene como fin levantar información para conocer el perfil del consumo y realizar planificaciones diversas.
