La Oficina Nacional de la Defensa Pública salió al paso a las reiteradas denuncias que ha hecho el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), por la supuesta competencia desleal en la que incurren los defensores, y aclaró que son un servicio estatal, y que no sólo están para defender a los pobres.
A juicio de la directora de la ONDP, Laura Hernández, todos los recursos que ha sometido el CARD contra esa institución los ha perdido y los seguirá perdiendo, porque no hay ninguna razón en sus reclamos.
Refirió que en el artículo 176 de la Carta Magna se establece que este servicio se ofrecerá “en todo el territorio nacional, atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidos por un abogado”; por lo que el hecho de que una persona tenga dinero, no es un requisito para que sea excluido.
“Nosotros prestamos un servicio público, y decir que es competencia desleal, sería como decirle a los jueces que hacen competencia desleal o decirle a los fiscales que hacen competencia desleal a los abogados por ser fiscales”, resaltó.
Hernández añadió que la Defensa Pública no es una ONG, ni es un servicio gratuito de una iglesia, sino una institución estatal, a la que la Constitución y la ley le dan la potestad de garantizar el derecho a la defensa, que además es un derecho constitucional garantizado en los tratados internacionales.
“Por tanto, la Defensa Pública no sólo está para pobres, sino que debe garantizar atención a todo aquel que la reclame. Decir que ejerce competencia desleal sería como decirle a los hospitales públicos que hacen competencia desleal con las clínicas privadas, o como si los liceos públicos le hicieran competencia desleal a los liceos privados”, resaltó.
Agregó que anualmente reciben entre 25 mil y 26 mil casos, y que de ese total, por lo menos nueve mil provienen del decreto de abandono de los abogados privados y denunció que esos abogados nunca reciben sanciones del CARD por incurrir en ejercicio temerario.
Frente a esto, el presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, explicó que como institución continuarán denunciando el ejercicio desleal y los ventajismos de los profesionales que integran la Oficina Nacional de la Defensa Pública.
“Ejercen ventajismos cuando siendo abogados, pero pagados por el Estado, deben vestir con birrete negro con borla blanca y toga negra completa, y en vez de esto recurren al uso de una borla verde y una boca manga verde, para que los jueces y los fiscales los diferencien al momento de emitir su decisión”, dijo.
Señaló que esto busca generar una impresión en los tribunales y en los palacios de justicia, de que tienen un determinado plus en el Poder Judicial. “Cuando hay audiencias y el defensor no ha llegado, lo esperan; pero cuando es un abogado privado entonces se declara el abandono”, cuestionó.
CARD denuncia ONDP viola derechos laborales
El titular del CARD denunció además que la ONDP viola la ley, al desconocer los derechos fundamentales de los defensores públicos, a quienes “paga salarios de miseria, los mantiene en niveles de explotación, porque les asignan hasta 800 casos por persona, y se inventaron unos cargos para defensores públicos contratados a quienes pagan sólo la mitad de lo que les pagan a los otros defensores”. Aseveró que estas son situaciones insostenibles, y exigió a la directora de la institución que garantice condiciones óptimas de trabajo a los defensores públicos.
