La Superintendencia de Electricidad (SIE) emitió dos resoluciones para la regulación de estaciones de recarga de vehículos eléctricos y de las tarifas aplicables a los sistemas de recarga de dichos automóviles.
Ambas normativas (SIE-137 y SIE-138 2022), fueron sometidas a consulta y presentadas en audiencia pública, según explicó la institución.
Las empresas distribuidoras de electricidad y las estaciones de recarga para vehículos eléctricos tienen 90 días para ajustarse a las nuevas disposiciones de ambas resoluciones, que comienza contarse a partir del día en que se hicieron públicas.
“La organización del segmento de movilidad eléctrica es un paso importante para que la República Dominicana pueda cumplir la meta de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero actuales a un 25% para el año 2030, ya que el 46% de las emisiones de CO2 la producen el transporte que consumen el 40% de la demanda de hidrocarburos del país”, senaló la institución.
Asimismo, explica que actualmente existen 350 puntos públicos de recarga de electricidad para los 11.305 vehículos de cuatro y dos ruedas que circulan, según las estadísticas de la Dirección General de Aduanas; y el país ya dispone de una ley sobre incentivos a la importación de vehículos de energía no convencional vigente desde julio del 2013.
Ambas resoluciones (SIE-137 y SIE-138 2022) responden –señala la SIE- a la impostergable “necesidad de interés general” de desarrollar un mercado de electro movilidad, y de “reglamentar y supervisar” la instalación, conexión y operación de las estaciones de recarga para vehículos eléctricos, y la correcta comercialización, facturación de este servicio público.
La resolución 138 introduce reformas a la resolución existente sobre tarifas para las estaciones de recarga de vehículos movidos por electricidad. Establece las tarifas aplicables a las empresas prestadoras de servicio público de distribución de electricidad, y a los gestores de infraestructura pública de recarga para autos eléctricos.
La resolución 137, explica la SIE, establece “las normas técnicas y de seguridad para la conexión de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos ubicadas en lugares públicos, privados o privados de uso público”, conectadas a las redes de distribución de electricidad.
