A más de un año de haberse fijado fecha para el inicio de la audiencia preliminar del caso por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, del municipio Santo Domingo Este, aún no se ha podido iniciar, cuestión por la que se quejan la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Lucha para la Defensa de Los Tres Brazos.
“Aquí se está jugando al gato y al rato, se está jugando al cansancio, pero queremos enviar un mensaje de que aquí no hay cansancio, aquí estamos como el primer día”, expresó ayer Manuel María Mercedes, presidente de los Derechos Humanos.
Ayer, se tenía previsto que el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional comenzara a conocer la audiencia preliminar, pero tuvo que reenviarla para el 5 de marzo próximo, a los fines de notificar la acusación a uno de los imputados.
“Vamos para dos años casi en la etapa de la audiencia preliminar, algo inaceptable, inconcebible desde el punto de vista procesal, porque el Código es claro cuando establece que deberían conocerse, los jueces reconocemos que han hecho esfuerzos, pero también ha habido debilidades”, indicó Mercedes.
“El problema está que como ellos saben que esta preliminar no tiene salvación, entonces están jugando a los aplazamientos”, sostuvo.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Lucha para la Defensa de Los Tres Brazos se constituyeron actores civiles y querellantes en este caso.
Mercedes criticó que se han tenido que designar dos jueces para conocer la preliminar, y la misma no arranca. Dijo que el primero que fue apoderado se inhibió un años después después de asignarse el proceso, alegando que residida en el sector Los Tres Brazos.
Del segundo, aclaró, que está siendo todo lo que tiene a su alcance desde el punto vista procesal, pero, agregó “no es fácil, son 19 imputados”
El presidente de los Derechos Humanos le advirtió a los acusados de este caso “que se preparen”, pues aseguró como actores civiles y querellante tienen suficientes pruebas que se suman a las que posee el Ministerio Público para que el caso llegue a juicio de fondo y obtener una sentencia condenatoria.
“Nosotros estamos preparados para una lucha a largo plazo, y hasta que hayan sanciones, desde el punto de vista civil, penal, y desde el punto de vista de que los moradores no pierdan sus títulos, que tengan tranquilidad… estaremos firmes… vamos a aplicar la consigna patria o muerte, o condena o nos dejaran otro camino donde nosotros somos fuertes, la calle”, expresó.
Los imputados están siendo acusados de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, soborno de funcionario público, abuso de funciones, complicidad en desfalco en perjuicio del Estado dominicano, asociación de malhechores, estafa, coautor de soborno de funcionario público, falsedad en escritura pública y complicidad en desfalco.
Ellos son el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico.
Además, Rosabel Castillo, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional; Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de INFEPA, y los miembros de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams; José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad comercial TITULATEC.
También, los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, y Lisetel González, quien supuestamente prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de CORDE.
