Tras intensos debates, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que inhabilita a los violadores sexuales para ejercer algunas funciones y profesiones.
La controversial pieza que lleva 10 años “dando vueltas” en el Congreso Nacional fue sometida por la diputada Lourdes Aybar el 7 de agosto de 2023.
Antes de la votación de la iniciativa, Ysabel de la Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara Baja -apoderada de la legislación-, solicitó el voto favorable para la misma y su declaratoria de urgencia. No obstante, ante la recomendación de los legisladores que entienden que el proyecto choca con la Constitución, este fue refrendado solo en primera lectura, al pedir que sea revisado en la Comisión antes de ser sometido a la segunda discusión.
El pliego de ley tiene como propósito que haya un régimen de inhabilidad a personas que han sido agresoras sexuales con sentencia definitiva de la cosa irrevocablemente juzgada.
La normativa crea el Registro de Inhabilitaciones por Delitos Sexuales (RIDS) para ejercer profesiones, oficios y empleos relacionados con la educación, orientación, cuidado e instrucción de menores de edad y personas con condiciones especiales.
“Un profesor, educador, orientador que tenga una sentencia definitiva no puede tener acceso a darles clases a niños menores de edad, adolescentes o personas con discapacidad. No es verdad. Ustedes saben que esto es una situación reiterativa. Ustedes ven (…) cómo personas que han cumplido sentencias de 20 años vuelven a reincidir en esos mismos hechos”, indicó Ysabel de la Cruz hace unos días.
En los debates de ayer los diputados hicieron referencia al caso que involucra al pastor de Los Alcarrizos Johan Castillo Ortega, acusado de violación sexual a menores de edad.
