Opera con un permiso ambiental vencido, impuso un aumento a los ayuntamientos de hasta un 1,100 por ciento a las tarifas por tonelada de basura depositada en Duquesa, cuyos terrenos afirma son de su propiedad, y ha demostrado que puede cerrar y abrir cuando quiera.¿Qué tanto se conoce de esta empresa contratada para gestionar el vertedero de Duquesa, cuyas medidas adoptadas han puesto en aprietos a las autoridades municipales y en riesgo la salud de más de tres millones de personas?
El nombre de Lajún Corporation empieza a sonar en los medios de comunicación en el 2007, cuando fue contratada para operar y gestionar el único vertedero que tiene el Gran Santo Domingo para llevar sus desechos.
El contrato, de fecha 1 de marzo del 2007, le otorga a Lajún, en ese entonces representada por Germán Cornelio, la administración y desarrollo del “relleno sanitario” por un periodo de 10 años, que vencía justo en este mes, de no existir una modificación de 2009, que extiende la duración del contrato a 15 años, es decir hasta el 1 de marzo del 2022. En el 2011 se realizó un adendum a este contrato. Para esa fecha la empresa tenía como gerente a José Antonio López.
Dicho contrato establece que la empresa podrá recibir y tratar como sitio de disposición final los desechos domésticos, comerciales e industriales generados en los ayuntamientos del Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Pedro Brand, Pantoja, Santo Domingo Este, cabildos que están obligados a pagar una tarifa a Lajún por dichas operaciones.
En cuanto a Santo Domingo Norte, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), en “calidad de propietaria”, mediante resolución no. 1189 de fecha 1 de septiembre de 2008, firmado por el entonces director Domingo Enrique Martínez Reyes, otorgó a este ayuntamiento el uso gratuito de una porción de terreno de aproximadamente 1 millón 238 mil metros cuadrados del terreno de Duquesa por un periodo de 20 años.
El contrato al cual se ha hecho referencia también atribuye a Lajún gran parte del beneficio de la explotación de biogas y el desarrollo de un proyecto de reciclaje de los desechos vertidos en el vertedero.
Ya para el 2009, Lajún exigía un aumento en el pago por el manejo de los desechos dentro del vertedero, que actualmente no pasa los dos dólares por tonelada, dando inicio a los enfrentamientos entre esta empresa y los cabildos. La guerra es declarada en julio del 2013, cuando el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN), en la sindicatura de Francisco Fernández, toma control de Duquesa, alegando incumplimiento de los términos del contrato.
Un vertedero con varios dueños
Este hecho destapó una caja de Pandora sobre la titularidad de los terrenos de Duquesa. En respuesta a la acción del ASDN, los recientes y actualmente dueños de Lajún Corporation, Michael Lee Chin, de Portland Holdings (de capital jamaiquino) y Luis José Asilis, de Grupo Metro (de capital dominicano), manifestaron su rechazo a la medida por tratarse de una “expropiación de un activo privado”.
La empresa llevó el caso al Tribunal Superior Administrativo, órgano que rechazó la medida cautelar solicitada.
Luego de seis meses administrando el vertedero, el ASDN entregó de nuevo a Lajún el control del vertedero. Para ese entonces, el alcalde Francisco Fernández argumentó que los nuevos accionistas cumplían con los requerimientos exigidos.
Y es que un velo de misterio cubren las negociaciones en torno a los terrenos del vertedero de Duquesa, bien público que ha pasado de mano en mano, sin que hasta el momento se determine la legalidad de sus ventas. elCaribe tuvo acceso a una copia del “contrato de venta de inmueble y cuotas sociales de Lajún Corporation (SRL)” firmado el 20 de mayo del 2011, donde queda establecida la venta por un valor de 13 millones 500 mil dólares de una porción de terreno de 875 mil 373. 12 metros cuadrados dentro de la parcela no. 9 del Distrito Catastral no. 21 del Distrito Nacional sección Duquesa, en Santo Domingo Norte, en el cual se encuentra ubicado el vertedero.
El contrato certificado por el notario público José Rafael Rodríguez, indica que en condición de únicos socios de Lajún Corporation, José Antonio López Díaz, y Darleny Indhira López Polanco vendieron las cuotas sociales de esta compañía, incluyendo el derecho sobre el inmueble, a Reclaimed Resources Dominicana, con asiento en Santiago de los Caballeros, representada por su presidente y gerente, el norteamericano Teddy Eugene Cox. En esta negociación fungió como garante, Reclaimed Resources (LTD), sociedad comercial con asiento en los Estados Unidos de Norteamérica, representada por Teddy Eugene Cox.
¿Y si Duquesa no es del vendedor?
De acuerdo con el artículo 7 del contrato que hace referencia a las garantías, José Antonio López Díaz es “el real y exclusivo” propietario del inmueble donde opera Duquesa. Explica que para esta negociación se llevó a cabo un procedimiento de deslinde y traspaso del inmueble ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional. También destaca lo siguiente: “que si se establece que tanto las cuotas como el inmueble no son propiedad del vendedor y por tanto impidiese o anulase la transferencia, el vendedor devolverá al comprador el precio de la venta más los gastos en que haya incurrido el comprador”.
López Díaz vendió, cedió y transfirió “de manera definitiva e irrevocable” la cantidad de 50 mil cuotas sociales de Lajún (totalidad de las cuotas) con un valor nominal de 100 pesos cada una. El artículo cuatro de dicho contrato explica que el desembolso de estas operaciones se efectuó en “un único pago por la suma equivalente al precio de venta, la cual será pagada a más tardar 30 días naturales siguientes a la firma del contrato”.
Comisión del CEA dice operaciones son ilegales
En 1995, el expresidente Joaquín Balaguer, dio el poder al entonces administrador del CEA, Dimas R. de Moya, para establecer una dación en uso de los terrenos utilizados para el vertedero de Duquesa al Ayuntamiento del Distrito. El presidente de la Comisión Evaluadora de los Terrenos Registrados a nombre del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Bautista Rojas Gómez, afirmó que cualquier transacción, donación, venta o arrendamiento de estos terrenos que se haya hecho es ilegal.