La República Dominicana prosigue con la detención y repatriación de haitianos indocumentados, pese a las críticas recibidas, y este viernes informó del arresto de casi 900 de ellos y la expulsión de otros 785 en situación migratoria irregular en un solo día.
Según la Dirección General de Migración (DGM) dominicana, el jueves fueron detenidos 877 haitianos en varios puntos del país y otros 785 indocumentados fueron repatriados, a pesar de los llamamientos de organismos internacionales y organizaciones para evitar las expulsiones ante la crisis multidimensional y la extrema violencia en Haití que solo el año pasado causó más de 5,600 muertes.
En un comunicado, Migración aseguró que los arrestos se llevan a cabo “bajo un estricto protocolo garante de las prerrogativas y la dignidad, así como del respeto y la seguridad de las personas, en particular de las mujeres, envejecientes y de los menores”, quienes “solo se repatrían si están acompañados de familiares adultos”.
En estas operaciones participan, además de la DGM, organismos como el Ejército de República Dominicana, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, la Policía Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea o el Ministerio Público, entre otros.
En octubre pasado, el presidente dominicano, Luis Abinader, ordenó la expulsión masiva de migrantes en situación irregular, unos 10,000 por semana, lo que afecta en su práctica totalidad a los haitianos, y, según datos oficiales, desde entonces más de 180,000 haitianos han sido deportados.
Este mes se anunciaron nuevas medidas, entre ellas un polémico protocolo que entró en vigor el pasado lunes en 33 hospitales públicos dominicanos conforme al cual se verifica que los pacientes tengan una identificación válida, carta de trabajo, prueba de domicilio y que cubran el costo de los servicios recibidos. En caso contrario, serán atendidos médicamente y, una vez recuperados, deportados. Esta disposición afecta en gran medida a mujeres embarazadas y parturientas.
DGM convoca jóvenes
La Dirección General de Migración (DGM) abrió una convocatoria para jóvenes interesados en convertirse en agentes de interdicción migratoria, instándolos a que apliquen para ser evaluados y puedan integrarse a la gestión de una institución moderna, apegada al respeto de las leyes, de los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional.
El organismo oficial informó que dispone de 400 plazas, distribuidas en 19 provincias del país, y que quienes llenen los requisitos, varones y hembras, serán capacitados en las distintas áreas del quehacer institucional para conformar una generación preparada para actuar de manera justa, respetuosa y en el marco de la ley, cuando estén en las calles realizando los operativos de interdicción.
Las plazas ofrecidas corresponden a: 40 en la provincia La Altagracia y 20 en cada una de las siguientes demarcaciones: Bahoruco, Barahona, Dajabón, Duarte, El Seibo, Elías Piña, Espaillat, Hato Mayor, Hermanas Mirabal, Independencia, La Vega, Montecristi, Pedernales, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Santiago Rodríguez y Valverde.
Los requisitos son: Tener buenas condiciones físicas, de 18 a 30 años de edad, estatura para hombres de 5’9” en adelante y desde 5’7” para mujeres, ser dominicano, bachiller, certificados médico y de buena conducta, carta de referencia y currículum vitae. Quienes apliquen y reúnan las condiciones trabajarán en sus respectivas provincias de origen.
El país defiende las repatraciones
Ante las críticas de organismos internacionales, El Gobierno dominicano afirmó, que las repatriaciones de ciudadanos de este último país en situación migratoria irregular se llevan a cabo en el marco de la ley.
La Cancillería aseguró que las deportaciones se realizan con apego a los procedimientos establecidos, y responden a la responsabilidad “irrenunciable” del Estado dominicano de preservar el orden público, la estabilidad nacional y la seguridad de sus ciudadanos.
República Dominicana, como país fundador de las Naciones Unidas, comparte los principios universales de respeto a los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, sin distinción de nacionalidad, afirmó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.
La nota aseguró que el país “reitera su derecho soberano -como todo Estado independiente- de aplicar sus leyes migratorias de conformidad con su Constitución y su ordenamiento jurídico vigente”. El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó “con la mayor firmeza toda forma de discriminación y toda violación de los derechos fundamentales” de los que serían víctimas los haitianos que residen en la República Dominicana.
