Santo Domingo, (EFE).- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, garantizó este viernes la seguridad en la frontera entre su país y Haití, un día después de que un grupo de haitianos derrumbara la puerta que separa a la localidad haitiana de Juana Méndez de la provincia dominicana de Dajabón.
“Nosotros estamos protegiendo la frontera”, dijo el gobernante en respuesta a preguntas de la prensa sobre lo acontecido.
También dijo que el Gobierno Haití debería pronunciarse acerca de este incidente, que se produjo la tarde del jueves, cuando un grupo de haitianos derrumbó la puerta y la lanzó al fronterizo río Masacre, con la intención de entrar a Dajabón para participar este viernes del mercado binacional, suspendido desde octubre pasado por decisión de la República Dominicana en represalia a la construcción en ese río de un canal por parte del vecino país.
Cientos de haitianos intentaron ingresar este viernes al mercado en esta parte de la frontera, aunque no todos han logrado su objetivo, ya que los militares dominicanos tratan de controlar el flujo de comerciantes y compradores en la zona, cuya seguridad fue redoblada tras lo ocurrido el jueves.
A causa de la construcción por parte haitiana de un canal en el fronterizo río Masacre, que el Gobierno dominicano considera ilegal, Abinader impuso el 15 de septiembre pasado una serie de medidas que incluían, entre otras, desde el cierre total de las fronteras hasta la suspensión de la expedición de visados a ciudadanos haitianos.
Un mes después, las autoridades dominicanas flexibilizaron las medidas y permitieron la apertura parcial de la frontera, pero los haitianos han decidido no volver a participar en el mercado binacional que se celebraba los lunes y los viernes en varios puntos fronterizos, principalmente en Dajabón.
Incluso, el pasado 11 de noviembre, las autoridades del departamento haitiano del Noreste advirtieron que las personas que intenten introducir a esa nación productos desde República Dominicana serán multadas y sus mercancías serán destruidas, distribuidas o vendidas en subasta pública, pese a la grave crisis en el país vecino, el más pobre de América, donde cerca del 50 % de la población sufre inseguridad alimentaria y la mitad de sus algo más de 11 millones de habitantes vive en la pobreza.
La República Dominicana asegura que la desviación del cauce natural del río (Masacre de la parte haitiana y Dajabón del lado dominicano) dejaría sin fuente de agua al humedal Laguna Saladillo (uno de los principales del país y la región), afectaría miles de hectáreas de tierras a ambos lados de la frontera y amenazaría la vida de personas de las dos partes por la eventual crecida del río.
Sin embargo, el Gobierno de Haití defiende la obra, que es de carácter privado y ha dado garantías a la continuación de estos trabajos.
La situación de crisis llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA) que, a solicitud de ambos países, creó una comisión, que deberá rendir un informe.
