Se juega a la reestructuración del poder político y económico, en él un solo ente manejaría recursos millonarios con un alto riesgo de politización y falta de transparencia.
La modificación a la Ley 225-20 de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la República Dominicana ha generado preocupación en diversos sectores políticos, empresariales y ambientales. Lo que inicialmente parece un esfuerzo por mejorar la gestión de residuos podría, en realidad, estar diseñado para consolidar un monopolio disfrazado de sostenibilidad, y otorgar un control sin precedentes a un fideicomiso denominado DO Sostenible.
Las implicaciones de esta reforma van más allá del medioambiente: representan una reestructuración del poder político y económico, donde un solo ente manejaría recursos millonarios con un alto riesgo de politización y falta de transparencia.
DO Sostenible: ¿Un modelo de eficiencia o una herramienta de control político?
Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la centralización -sin institucionalización ni veeduría real- del manejo de los recursos económicos a través del fideicomiso DO Sostenible, entidad que distribuirá los fondos a las alcaldías.
Bajo el esquema planteado en la reforma; quien controle este fideicomiso no solo administrará la gestión de residuos, sino que tendrá el poder de influir directamente en el aparato municipal a nivel nacional. En un contexto electoral, esto podría convertirse en un arma política, permitiendo favorecer o castigar alcaldías dependiendo de su alineación con el partido en el poder.
La importancia vital está en que tarifas y procesos establecidos sean el resultado de una operación institucional, transparente, supervisado y equitativo en favor del país.
El presidente del Senado ya reconoció que la reforma fue aprobada de manera apresurada y que presenta serias debilidades. Entre ellas la falta de consulta con actores clave, que incluyen al Ministerio de Medioambiente y a representantes del sector privado. Lo anterior podría sugerir que la prioridad no es la eficiencia en la gestión de los residuos, sino más bien la consolidación de una estructura de poder económico y político.
Creación de un monopolio: exclusión de actores y contratos blindados
Otro punto preocupante es cómo la reforma favorece la exclusión de competidores y la concentración del negocio en manos de un grupo selecto. La modificación de la ley otorga al consejo del fideicomiso DO Sostenible la potestad de definir las tarifas y condiciones del servicio, y desplaza incluso la autoridad del Ministerio de Medioambiente.
Además, se establece que ciertos prestadores de servicios tendrán contratos asegurados con renovación automática y sin límites, lo que cierra el mercado a nuevos actores. Esto no solo viola los principios de libre competencia, sino que también impide la entrada de inversionistas locales y extranjeros, y amarra al país a un modelo de gestión que favorece a un grupo reducido.
En países como España, México y Costa Rica, intentos similares de consolidar el negocio del reciclaje y la gestión de residuos bajo estructuras monopólicas han resultado en ineficiencia, aumento de costos para la población y, en algunos casos, escándalos de corrupción. ¿Por qué funcionaría en República Dominicana un modelo que ha fracasado en otros países?
Un golpe a la industria y a la competitividad empresarial
La reforma establece un aumento exponencial en los montos a pagar por empresas y ciudadanos.
Mientras que la ley original contemplaba tarifas que oscilaban entre RD$500 y RD$260,000, la modificación propone incrementarlas entre RD$1,200 y RD$10 millones. Además, impone un porcentaje de 0.5% del total de los ingresos tributarios anuales como pago del Estado, aumenta la carga fiscal sin garantías de un servicio eficiente.
Este aumento desproporcionado afecta particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y reduce su competitividad y capacidad de inversión. Sectores estratégicos como la industria cementera y energética también podrían verse obligados a modificar su matriz productiva de manera forzada, y derivar en una apuesta increíble: la importación de basura para cumplir con la cuota que impone la reforma, lo cual deja al descubierto que no hay un plan de transición realista.
El caso de la zona Este: Un precedente preocupante
Una parte de este esquema ya funciona, la zona hotelera paga a un sector privado por varios conceptos lo que debería ser solo uno, en un esquema que obliga a los empresarios a normalizar lo que habría de ser una sola operación oficial de la alcaldía.
El monopolio creado en la región ha creado el Equivalente a un grupo de choque para bloquear la entrada de otros transportistas, impidiendo la libre competencia y atrapando a los actores económicos en un sistema cerrado, donde brilla por su ausencia el respeto a la libre competencia.
Los hoteles ya fueron amenazados en 2022, en momentos que el sector luchaba por recuperarse en medio de las pérdidas por el COVID 19.
Bajo este “esquema PacMan” se intentó aplicar una tasa fija complementaria de diez dólares por persona en hoteles, pero en vista de lo agresivo de la medida que encontró de inmediato la extrañeza de los empresarios, se presentó una segunda vez con el mismo monto pero por habitación, – sin importar que estuviere ocupada o vacía-.
El objetivo entonces comenzaba por recaudar cuatrocientos cuarenta mil dólares fijos al mes, de cualquier forma.
Si este modelo se replica a nivel nacional, a través del fideicomiso se creará una súper estructura donde el poder municipal quedará supeditado a esta entidad, eliminando la autonomía de las alcaldías y limitando la posibilidad de que otras empresas puedan ofrecer soluciones quizás más eficientes y competitivas.
El control centralizado de los recursos a través de DO Sostenible podría crear un caldo de cultivo perfecto para la corrupción y el clientelismo. La ausencia de mecanismos de fiscalización adecuados permitiría que estos fondos sean desviados o utilizados con fines políticos, favoreciendo a ciertos municipios mientras se castiga a otros.
La reforma también introduce nuevas contribuciones especiales que incrementan la carga fiscal de los ciudadanos y empresas, sin establecer mecanismos claros para garantizar su correcta administración.
¿Cómo se evitará que estos fondos terminen financiando campañas políticas o enriqueciéndose en los bolsillos de un grupo reducido?
Reforma que amenaza la institucionalidad
La modificación a la Ley 225-20 no solo distorsiona el principio de gestión eficiente de residuos, sino que también pone en riesgo la institucionalidad democrática, la libre competencia y la estabilidad económica.
Bajo el pretexto del desarrollo sostenible, se está diseñando una estructura de control político y económico que beneficia a unos pocos en detrimento de la mayoría.
