De acuerdo con el “Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC)” del 2023, la República Dominicana ha mantenido su progreso en el combate a la corrupción, reflejando una mejora de un 4% con relación al año 2022 y permitiéndole continuar en el 5to lugar de los 15 países latinoamericanos evaluados.
“La mayoría de las ganancias se registraron en la categoría de capacidad jurídica, que mejoró un 11 % desde 2022, impulsada por un avance significativo en las variables que evalúan los instrumentos de clemencia y negociación de culpabilidad y las agencias anticorrupción. Las variables que miden la independencia judicial y la independencia de la oficina del fiscal general también experimentaron ganancias moderadas”, explica el informe que evalúa la capacidad de América Latina para detectar, sancionar y prevenir la corrupción.
La puntuación general más alta este 2023 fue obtenida por Uruguay, con 6.99; Costa Rica, con 6.76; , Chile, 6.67; Perú, 5.53; República Dominicana, 5.42; Panamá, 5.39; Argentina, 5.07; Brasil, 4.83; Colombia, 4.78; Ecuador, 4.68; Paraguay, 4.61; México, 3.87; Guatemala, 2.86; Bolivia, 2.56, y Venezuela 1.46.
En comparación con países como Uruguay, Guatemala, Costa Rica, Chile y Perú, la RD ha presentado un avance en capacidad para combatir la corrupción, según datos proporcionados en el informe de la Sociedad de las Américas y el Consejo de las Américas.
No obstante, el documento que la RD tuvo retrocesos dentro del rubro sociedad civil y medios de comunicación, precisando que el país tiene pocas ONG dedicadas a la transparencia y la lucha contra la corrupción, y que se encuentra rezagada con respecto al promedio regional en la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción.
Citó el año 2020 cuando el presidente Luis Abinader habló sobre la lucha contra la corrupción y lo que ha contribuido a un progreso constante en general.
“En julio de 2022, Abinader promulgó un proyecto de ley de extinción de dominio. Sin embargo, es posible que se necesiten más recursos para las agencias anticorrupción, y los recursos para hacer cumplir activamente la legislación anticorrupción en todos los ámbitos siguen siendo limitados, dicen los analistas.”, detalla.
El informe menciona a la Fiscalía Especializada en Corrupción Administrativa (PEPCA) y sus investigaciones contra corrupción de alto perfil durante el último año, como la Operación Coral, la Operación Coral 5G, la Operación Antipulpo, la Operación Medusa y la Operación Calamar. Estas investigaciones se han centrado principalmente en funcionarios de la antigua administración del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Funcionarios del gobierno actual que han sido asociados con presunta corrupción han sido despedidos o renunciados.
“Se llevarán a cabo elecciones generales en mayo de 2024, lo que aumentará el escrutinio sobre el financiamiento de la campaña. Aunque Abinader aún no ha anunciado su candidatura, se percibe que es probable que busque la reelección. Las investigaciones de corrupción de PEPCA continuarán, pero es probable que permanezcan enfocadas en el PLD. Esto puede provocar manifestaciones esporádicas de la oposición, como las protestas aisladas vistas en marzo de 2023”, dice.
Otros países
El informe registró un descenso en la puntuación promedio de América Latina por primera vez desde 2020, al caer las puntuaciones en diez de los quince países estudiados, siendo los peor valorados Venezuela, Bolivia y Guatemala. Leandro Lima, analista del Cono Sur para Control Risks, destacó a EFE que el declive detectado en la puntuación regional “indica que los esfuerzos anticorrupción continúan enfrentando presiones”.
Según este experto, “esto resalta que ningún país es inmune a experimentar estancamiento o retroceso en la lucha contra la corrupción”.
Examinando 14 variables, como la independencia de las instituciones judiciales, el informe evaluó y clasificó a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
UN RETO PARA TODA LA REGIÓN
La corrupción sigue siendo “un reto” en toda América Latina, ya que el 70 % de los participantes en la encuesta convinieron en que es “una de las principales preocupaciones para la mayoría de las personas en su país”, conforme al texto.
No obstante, otros factores como la delincuencia violenta, la lenta recuperación económica tras la pandemia y la preocupación por el retroceso democrático se han convertido en prioridades más importantes para los gobiernos, los medios y la sociedad, apunta.
Uruguay volvió a ocupar el primer puesto del índice aunque experimentó un retroceso, mientras que Costa Rica y Chile conservaron la segunda y tercera posición pese a experimentar, también, retrocesos moderados.
Panamá fue -en sexto lugar- el país que registró un mayor aumento proporcional en su puntuación, gracias sobre todo a “las mejoras en su capacidad legal”, y, junto con la República Dominicana y Paraguay, mejoró su puntuación general por tercer año consecutivo.
En cambio, Guatemala (decimotercero) y Venezuela (el peor puntuado, en el decimoquinto puesto del ránking) tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales.
Guatemala y México (duodécimo), por su parte, fueron los dos únicos países que han disminuido en sus puntuaciones cada año desde 2019 (año de la primera publicación), según estos hallazgos.
Preguntado por EFE, el director asociado en Control Risks, Theodore Kahn, observó que el resultado de Venezuela “no sorprende”.
Según opinó, “es un reflejo del proceso de deterioro institucional y erosión de la democracia que ha sufrido el país desde hace ya varios años y que ha permitido al partido oficial cooptar o eliminar casi todos los controles y contrapesos institucionales, políticos y sociales que normalmente existen en un sistema democrático”.
