El presidente de la Alianza por la Democracia (APD), Max Puig, consideró este domingo “hay gato entre macuto en la demanda de un pago adicional de 708 millones de dólares de parte del consorcio que construye las plantas de Punta Catalina”.
Según el dirigente opositor, la exigencia de Odebrecht y sus socios ha sido provocada por el “manejo turbio” del proyecto de parte del gobierno desde sus inicios.
“Es el propio gobierno el que le ha abierto la brecha al reclamo y al chantaje de las empresas contratistas de Punta Catalina”, expresó el dirigente político en un comunicado.
Sostuvo que a la raíz del “chantaje” se encontraría en informaciones que dispondría el consorcio sobre los acuerdos secretos y los pagos de comisiones ilegales a altos funcionarios gubernamentales confesados por Odebrecht.
Para Puig la licitación y la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina se han manejado con muy limitada transparencia desde un principio.
“Las escasas informaciones disponibles hasta ahora sobre el reclamo de pagos adicionales confirman sospechas expresadas desde hace tiempo”, aseveró el catedrático.
Destacó además, entre estas el papel decisivo que habría jugado el cambio de lugar de ejecución del proyecto de Hatillo, Azua, a Punta Catalina, Peravia, el cual fue modificado de manera sorpresiva a escasas semanas de vencerse el plazo de presentación de ofertas para la licitación.
Puig consideró también que ese cambio de ubicación tuvo como propósito afectar las empresas que competían con Odebrecht para la obtención del contrato.
Explicó que, aun disponiendo de información privilegiada, como todo indica que la obtuvo, Odebrecht se vio precisada a hacer estudios precipitados para la construcción de la planta en el nuevo lugar escogido.
Las pruebas de esta afirmación se encontrarían en el estudio de impacto ambiental que presentó la CDEEE al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el que se precisan informaciones sobre el carácter inadecuado del lugar para la instalación de la central energética de carbón, según dijo.
Max Puig plantea que es recién ahora cuando se ha revelado que “no se hicieron, en su momento, los estudios adecuados sobre batimetría, dirección del viento, corriente marina y oleaje”.
“Es también evidente, señala, que al momento de la redacción del contrato del Estado dominicano con Odebrecht no se respetaron las condiciones que habían sido establecidas en el pliego de requerimientos para participar en la licitación”, dijo.
Según estos requerimientos, se exigía de las empresas participantes que estas se comprometieran a obtener el financiamiento de la obra. Al ser excluidos los competidores de Odebrecht en la fase técnica de la evaluación -en parte debido al no cumplimiento de esta obligación- y una vez atribuido el contrato, el consorcio encabezado pro Odebrecht fue eximido de esta condición fundamental para su adjudicación.
“El resultado fue que Odebrecht no consiguió el financiamiento que se había comprometido a obtener en la fase de la licitación, siendo éste aportado por el Estado dominicano, para lo cual el gobierno violó en reiteradas oportunidades la Ley de Presupuesto”, sostuvo.
Max Puig destacó que lo mismo ocurrió con relación a la fijación de los precios de la obra ya que, a pesar de tratarse de un contrato llave en mano y, en principio, de precios fijos, el contrato finalmente aprobado le deja las puertas abiertas a la empresa brasileña para exigir pagos adicionales, como lo está haciendo ahora.
La situación es mucho más grave, según el sociólogo y presidente de la APD, por el hecho de que el Gobierno se ató las manos frente a la empresa contratista con un acuerdo, homologado judicialmente, que la exime de responsabilidades penales de sus hechos ilícitos cometidos en la República Dominicana.
Según Puig, ya se cumplió el plazo en que la obra debía haber sido entregada, considerando que faltarían todavía cerca de dos años para la terminación de los trabajos, plazo que podría extenderse como resultado de las presiones que la empresa estaría ejerciendo contra el gobierno.
Afirmó el dirigente opositor que, para ejercer sus presiones, el consorcio se estaría prevaliendo de las informaciones que posee sobre hechos ilícitos cometidos por altos funcionarios de la nación.
