El encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Thomas, indicó este miércoles que la prohibición de importación de azúcar de Central Romana al país norteamericano no tiene nada que ver con el papel del Gobierno dominicano.
“El Central Romana Corporation tiene un largo y desafortunado historial de no dar a sus trabajadores el trato que merecen”, dijo durante su ponencia en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
Thomas aseguró que las acciones de la compañía estaban siendo investigadas desde hace una década, incluyen la creación de duras condiciones laborales, oferta de viviendas inadecuadas para los trabajadores, oferta de salarios extremadamente bajos, establecimiento de limitaciones a los movimientos de los trabajadores, dejándolos en un estado de aislamiento y provocando el miedo a represalias por denunciar.
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“Pero seamos claros: esta acción (la prohibición) no tiene que ver con el papel del gobierno”, manifestó.
Indicó que aunque la empresa es estadounidense están en la obligación de aplicar las leyes para un ambiente laboral adecuado.
“En el marco del acuerdo comercial DR-CAFTA, tanto la República Dominicana como Estados Unidos se comprometieron a la plena aplicación de nuestras leyes laborales. Con esta acción, estamos haciendo cumplir las nuestras, incluso cuando se trata de una empresa estadounidense”, precisó.
Dijo que importar productos a Estados Unidos que se fabrican con trabajo forzoso va en contra de los valores y leyes de ese país y de la República Dominicana.
Thomas manifestó que Estados Unidos cree que las economías y las sociedades prosperan cuando todos son tratados con dignidad.
“Nuestros dos gobiernos han aprobado leyes para proteger los derechos básicos de los trabajadores, tanto en casa como en los países con los que hacemos negocios”, sostuvo.
El funcionario estadounidense indicó que estas leyes se aplican a todo el mundo. “Las empresas no tienen carta blanca para no cumplir con sus responsabilidades según la ley simplemente porque contratan a trabajadores de poblaciones vulnerables que pudieran tener miedo de defender sus derechos”, añadió.
Explicó que las agencias gubernamentales estadounidenses, así como los líderes de la sociedad civil, han debatido públicamente la “preocupante situación de esta empresa durante muchos años”, y que muchos de estos problemas están sin resolverse.
“Ahora la empresa tendrá que rendir cuentas”, expresó.
Manifestó que esperan que esta acción conduzca a mejores condiciones para los trabajadores y a un ambiente de competencia más fuerte para las muchas empresas que sí tratan a sus trabajadores de manera justa.
“Estamos dispuestos a trabajar con la empresa si decide tomar un camino diferente, pero todos los trabajadores merecen un trato justo, y las empresas que sí defienden condiciones laborales justas no deberían tener que competir con las que no lo hacen”, sostuvo.
