La Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) consideró que el escándalo respecto a la venta de los terreros del vertedero de Duquesa es el reflejo de la fragilidad institucional expresada en el manejo poco transparente del marco regulatorio gubernamental y municipal.
La Finjus expresó su preocupación por la naturaleza de dicha litis y la importancia de que se encuentre una solución ajustada al Estado de Derecho.
“La controversia en cuestión invita a repensar los parámetros ambientales, sociales, de salud, jurídicos y municipales que son tomados en cuenta para suscribir contratos con estos fines” expresó el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán a través de un comunicado.
Asimismo entiende necesario una investigación por parte del Estado para esclarecer la venta del terreno y determinar las vías que garanticen la gestión idónea de este tipo de servicios estratégicos para la salud, la convivencia, el ambiente y la calidad de vida de las comunidades, en un marco de diafanidad y legalidad.
“Deben darse respuestas claras y directas a las interrogantes que han surgido en torno a las actuaciones de los implicados en este caso, puesto que dicen haber entregado una certificación que supuestamente demuestra su legítima titularidad del terreno, haciendo referencia a la aprobación de la venta en la Cámara de Diputados en fecha 10 de febrero de 2009. Sin embargo, es un hecho comprobado que en tal fecha no se celebró sesión” señala el comunicado.
Manifestó que las respuestas ante los problemas de la naturaleza de este litigio deben surgir de procesos rigurosos, que sean conducidos de manera adecuada y con todas las garantías legales. “Este es el camino para la consolidación del Estado Social y Democrático de Derecho que sólo es posible a través del verdadero imperio de la ley, la eficacia de las políticas públicas y la legitimidad de las actuaciones de quienes gestionan la cosa pública”.
