Cambio de ministro, escasas movilizaciones de profesores, deterioro de escuelas, falta de insumos y libros de texto, la postergación de la educación sexual, la falta de talleristas para la Tanda Extendida y el escándalo suscitado a raíz de la orden departamental que buscaba instituir una política de género en los centros públicos y privados, son algunos de los hechos que caracterizaron el año 2019.
La renuncia del ministro de Educación, Andrés Navarro, para dedicarse de lleno a su precandidatura presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), marcó los primeros meses del año, luego de los cuestionamientos de su sucesor y compañero de partido, Antonio Peña Mirabal, quien al igual que representantes de organizaciones sociales, lanzaron serios cuestionamientos a su salida de la cartera.
Luego de su nombramiento, el pasado 24 de febrero, Peña Mirabal cuestionó el abultamiento de la nómina administrativa, el abandono de más de 100 escuelas en construcción, el nombramiento sin concurso de ocho mil profesores y el rompimiento de las relaciones con la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), criticas que tomaron por sorpresa al ex canciller, quien en una entrevista exclusiva concedida a elCaribe declaró:
“Les confieso que no le encuentro lógica ni sentido a tantos ataques personales hacia mí, y he visto que la ciudadanía, todo el que se me acerca, se siente desconcertado, porque no entienden por qué tanta saña contra una persona”, dijo.
Luego que el movimiento Bien Común exigiera la realización de una auditoría a las gestiones de Navarro y Carlos Amarante Baret para verificar si los fondos del 4 % habían sido utilizados para financiar sus respectivas campañas presidenciales, Navarro se presentó a la Cámara de Cuentas a solicitar formalmente que su gestión, comprendida entre el 16 de agosto del 2016 y el 18 de febrero, fuese auditada, alegando que había actuado apegado a la transparencia y la institucionalidad. Al día de hoy, no se tiene ninguna evidencia de que dicha auditoría fuera realizada.
Polémica por orden departamental
Dos meses después, un nuevo escándalo sacudió el Ministerio de Educación, tras conocerse la orden departamental 33-2019 que declaraba como prioritario el diseño e implementación de una política de género en el sistema educativo, la cual despertó los fantasmas en el seno de las iglesias católica y evangélica, así como de sectores conservadores del país, que en voz del obispo de la Diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, argumentaban que la misma representaba una grave amenaza para la familia y el matrimonio.
Aunque el ministro de Educación se mostraba firme y aseguraba que no daría un paso atrás hasta que la medida fuera convertida en una política de igualdad de género en las escuelas públicas y privadas, fue forzado a dejarla sobre la mesa con el creciente rechazo que se convirtió en el movimiento “Con mis hijos no te metas” que en el mes de julio aglutinó a cientos de religiosos y familias frente a la sede de la cartera educativa y posteriormente sometió tres recursos ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), exigiendo su revocación, bajo el argumento de que se trataba de un intento de introducir la agenda LGBT y la llamada ideología de género.
Altas y bajas con la ADP
Durante el 2019 las relaciones entre el Ministerio de Educación y la ADP pasaron por altas y bajas y hubo escasos paros de docencia, gracias a la reanudación del diálogo con las autoridades, que retomaron varios puntos de un documento de reivindicaciones firmado durante la gestión de Eduardo Hidalgo, el cual incluía el reinicio de los concursos para el ingreso a la carrera docente.
No obstante, la gestión de Xiomara Guante, organizó algunas movilizaciones por supuestas irregularidades y falta de transparencia en el referido concurso de oposición docente en el que participaron 54,483 profesores que optaban por una de las 6 mil plazas disponibles.
Guante, junto a miembros del Comité Ejecutivo Nacional, dijo que de manera unilateral, y sin ningún tipo de justificación técnica, el Ministerio aumentó 9.4 puntos porcentuales a la calificación base que deberían tener los postulantes para estar acordes a las pruebas de competencias, lo que fue rechazado por el Ministerio que llevó hasta el final el concurso y a finales de septiembre nombró a los profesores que superaron las pruebas cognitivas y académicas.
Durante una concentración que aglutinó a miles de maestros frente al Ministerio, bajo la consigna “Por más y mejor educación”, Guante exigió un mejor uso de los recursos del 4% para mejorar las condiciones de las escuelas públicas, corregir las distorsiones salariales que afectan a más de 60 mil profesores, aumentar los salarios a jubilados y pensionados y el cumplimiento de todos los puntos de los acuerdos pasados.
Otro tema llamativo durante el 2019 fue el retraso en el proceso de reparación de más siete mil escuelas que obligaron a que el Ministerio de Educación dispusiera la distribución de aulas móviles provisionales para garantizar el inicio del año escolar.
Varios centros educativos de todo el país y del Gran Santo Domingo, como la Escuela Primaria República Dominicana, no pudieron iniciar a tiempo la docencia por problemas eléctricos, baños inservibles, desperfectos en ventanas y puertas y falta de condiciones para la docencia.
El año escolar inició con múltiples precariedades
Durante la presentación de los resultados preliminares de un diagnóstico elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto de Formación de la ADP, la presidenta del gremio, Xiomara Guante, reveló que, la falta de libros, boletines de notas, registros de grado, útiles escolares, deficiencias en el suministro de energía eléctrica y agua corriente y falta de personal docente afectaba varias escuelas del país. Dijo que el 85% de los estudiantes no recibieron libros ni materiales al finalizar la segunda semana de clases, impidiendo el cumplimiento de los objetivos curriculares y dificultando el aprovechamiento del tiempo de clase.
