Tras las fuertes críticas que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre grave corrupción en el Poder Judicial dominicano y la independencia del mismo, las autoridades judiciales han preferido guardar silencio.
El Poder Judicial no quiso referirse a los resultados del Informe anual sobre los Derechos Humanos en la República Dominicana para el año 2020, dado a conocer el pasado martes por el departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos. Cada año, esa nación norteamericana emite el informe por países donde abordan temas sobre libertad de expresión, condiciones en las cárceles y derechos humanos, entre ellos las de las mujeres o grupos minoritarios, la libertad religiosa y otros temas.
Estos informes no asumen conclusiones legales, sino que califican a los países o declara si han fallado en cumplir la normas.
“El Poder Judicial no es una institución confrontativa, en ese sentido no tenemos opinión sobre el tema”, explicó a elCaribe el Departamento de Comunicaciones del Poder Judicial.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en el acápite “Privación de un juicio público justo”, afirmó que “la corrupción del Poder Judicial fue un problema grave”. Manifestó que a pesar de que las leyes dominicanas prevén un Poder Judicial independiente, el gobierno (en este caso el pasadoGobierno, que encabezó Danilo Medina) no respetó la independencia e imparcialidad judicial.
Precisó, además, que la influencia indebida en las decisiones judiciales fue generalizada.
“Las interferencias iban desde el enjuiciamiento selectivo hasta la desestimación de casos en medio de acusaciones de soborno o presión política indebida”, dijo. En el documento, también sostuvo que el Poder Judicial desestimaba habitualmente casos de corrupción de alto nivel.
