Un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la calidad de la democracia en la República Dominicana establece que el límite e independencia de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo son bajos o muy bajos.
“Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las Leyes aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país. Esta hipótesis cobra relevancia sobre todo en un contexto nacional en el que los mayores niveles de confianza institucional se concentran en el Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas”, señala el informe en el párrafo tres de la página 98.
El documento firmado por el hasta hace poco representante Residente del PNUD en la República Dominicana, Lorenzo Jiménez y publicado este año, midió 108 indicadores sobre la calidad de la democracia y el país obtuvo resultados satisfactorios en 21 que representa el 20%; en situación aceptable en 35 para un 32% y una situación deficitaria en 52 que representa el 48%.
“La República Dominicana presenta calificaciones bajas y muy bajas en lo relativo a los límites y controles de los poderes Legislativo y Judicial sobre el Ejecutivo, la independencia del Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas del funcionariado público”, establece en las conclusiones.
Agrega que “se observa que el Poder Ejecutivo tiene un amplio margen de discrecionalidad, lo que afecta negativamente al imperio de la Ley y al respeto a los derechos fundamentales”.
Puntualiza que esa circunstancia se refleja también en los niveles de confianza ciudadana en las instituciones, como el Poder Judicial, Congreso Nacional y la Policía Nacional, que en la última década han descendido significativamente y más rápido que la media regional.
El informe establece que en el 2016 el 76% de la población expresó su apoyo a un gobierno de “mano dura”, según la Encuesta de cultura política del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo (ISD).
El estudio también cita que en el 35.7% de los dominicanos señaló que apoyaría un golpe de Estado para acabar con la delincuencia y el 32 apoyaría una acción de esa naturaleza para acabar con la corrupción. En las conclusiones generales sobre la situación del Estado de derecho en el país, el análisis puntualiza que se midieron 21 indicadores y que de esos solo dos tienen una puntuación satisfactoria, 4 son aceptables y 15 deficitarios.
“Los datos exponen la gran debilidad institucional de la República Dominicana y el relativo estancamiento de las reformas institucionales acometidas. El país consistentemente se encuentra entre los últimos lugares de América Latina y el Caribe para esta dimensión. Lo mismo ocurre al compararlo con otros 35 países de ingreso medio alto a nivel mundial”, expone.
Las conclusiones del informe sobre la cultura política democrática del país, señala que el “autoritarismo atenuado es una de las características que se infieren cuando se ponderan y evalúan las ideas y valores que más de la mitad de la población dominicana expresó en torno a la democracia”.
Democracia es frágil a turbulencias
En las recomendaciones finales del estudio se establece que un balance tan deficitario de la calidad democrática en la República Dominicana, donde apenas un 20% de los indicadores considerados exhiben puntuaciones satisfactorias, sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales, de origen interno o externo. Señala que para cambiar esa realidad es indispensable una voluntad de cambio en particular de las élites políticas, económicas y sociales, realidad que no se percibe ahora.
“Déficits democracia no son coyunturales”
En las consideraciones finales señala que los déficits de la democracia dominicana no son coyunturales sino estructurales. “Afectan a los pilares de la institucionalidad y tienen efectos sobre la relación de la ciudadanía con el poder y de la ciudadanía para consigo misma, así como sobre las dinámicas de poder entre las tres ramas vertebradoras del Estado. Expresa que para superar esa realidad es necesario diseñar y ejecutar políticas públicas basadas en la planificación e impulsar las pertinentes reformas normativas.
