Haber cometido un delito, aunque sea grave no debe impedir que los adolescentes que hayan tenido un conflicto con la ley sean marginados, sino que necesitan ser orientados para evitar que reincidan.Esa es la consideración que tiene la jueza encargada de los centros de Atención para Adolescentes en Conflictos con la Ley Penal del Distrito Nacional, Adalgisa Castillo, quien durante una actividad realizada ayer en uno de los centros que funciona en el sector de Villa Consuelo, dijo que: “Hay que demostrarle a la gente que valen la pena las segundas oportunidades y que hay otras formas de hacer las cosas”.
La magistrada se pronunció delante de 33 adolescentes de sexo femenino, que están privadas de su libertad, en el centro de Villa Consuelo y un grupo de varones de un centro que funciona en Cristo Rey, quienes en su mayoría están en esos lugares por haber cometido delitos graves como son homicidio, lesiones físicas permanentes, violación y agresión sexual, además de robo agravado y venta de drogas narcóticas.
De acuerdo con datos de la Unicef, en el país superan los 350 los menores que están privados de libertad a nivel nacional y cada semana alrededor de 60 son sometidos ante los Tribunales Especializados. La ley establece que la privación de libertad es excepcional, o sea, una de las medidas más severas.
