El Ministerio Público solicitó ayer al Tribunal Colegiado de Jimaní que sean condenados a 30 y 22 años de prisión los acusados de pertenecer a una red de tráfico ilícito de migrantes, que utilizó a la frontera domínico-haitiana como centro de operaciones.
El órgano persecutor pidió 30 años de prisión para Delson Manuel Medina Díaz, Juan mateo Feliciano y Quelinton Eduardo Volquez Guzmán, y 20 años de cárcel para Roberto Méndez Pérez, coordinador del puesto fronterizo en Jimaní, de la Dirección General de Migración (DGM), así como el inspector de Migración, Johan Rosario Castillo, y Deivi Novas Reyes.
Además, solicitó que la acusada Dominga Guzmán sea condenada a dos años de prisión suspendida, por complicidad en el tráfico ilícito de migrantes.
Los implicados, detenidos mediante la operación Iguana del Ministerio Público, están acusados de tráfico ilícito de migrantes, delitos contra la administración pública, porte ilegal de armas y secuestro.
Al concluir con la presentación de la acusación el Ministerio Público solicitó al tribunal de esta provincia que sean condenados a penas de 30 y 20 años de prisión.
El Tribunal Colegiado de Jimaní, compuesto por Alejandro Antonio García Cruz, Elaine del Pilar Lluberes y Freidy Hernández White, se reservó el fallo para el próximo jueves 10 de octubre, a las 10:00 de la mañana.
Expediente del Ministerio Público
El Ministerio Público, con el apoyo del Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración, dio inicio a la investigación penal en diciembre del año 2021 contra los miembros de la red, y logró la obtención de pruebas que les vinculan al tráfico ilícito de migrantes y secuestro de dos mujeres y de dos niñas de nacionalidad cubana, así como de otros hechos de tráfico ilícito de migrantes haitianos.
Según el Ministerio Público, los acusados además recurrían a la amenaza y al chantaje para la obtención de sobornos.
Igualmente, el expediente del órgano persecutor dice que los encartados privaban de su libertad y mantenían en cautiverio a las personas objeto de tráfico ilícito hasta recibir el pago exigido para la liberación de las personas retenidas o secuestradas, y llegaban inclusive a recurrir a las amenazas para la recepción de los pagos.
Los procesados realizaban diferentes funciones dentro de la red criminal. Respecto a Volquez Guzmán, el expediente señala que utilizaba la casa de su madre Dominga Guzmán (con total conocimiento de esta) para la retención de los migrantes hasta lograr el pago exigido o las condiciones necesarias para su liberación.
La operación Iguana inició en el año 2022
El Ministerio Público desarrolló la Operación Iguana en el 2022 con 9 allanamientos simultáneos en las provincias Independencia, Bahoruco y Pedernales. Durante los allanamientos, el órgano persecutor arrestó a los acusados y ocupó siete vehículos, 127 pasaportes de ciudadanos extranjeros, aproximadamente 116 mil pesos y 383 dólares, cientos de documentos y un arma de fuego, calibre 9 milímetros, entre otras evidencias.
