El Procurador general Jean Rodríguez no descarta someter a la Justicia a más personas por el caso Odebrecht y destacó que continúan profundizando las investigaciones.Señaló a NCDN, durante un acto de incineración de más de mil kilos de droga, que “hay un proceso de investigación serio y minucioso donde todo es posible; con todos los detalles, como lo dijimos desde el primer día y como lo hemos venido cumpliendo”, aseveró.
Resaltó que es normal que algunas personas intenten desacreditar el expediente, porque “todo aquel que está siendo acusado debe defenderse y es parte del rol de los abogados de la defensa, tratar de restarle méritos a la acusación, pero las evidencias están ahí, las pruebas están ahí y por eso fue que un juez decidió, porque el Ministerio Público tenía todos los requisitos para imponer las medidas de coerción”, resaltó.
Rodríguez aclaró además que ningún imputado tiene privilegios y señaló que la seguridad de todos los internos es un deber y no un privilegio y que el Ministerio Público lo ha asumido así.
“En eso es donde estamos enfocados, en que los mismos estén en un lugar seguro, donde tengan sus derechos fundamentales garantizados y que se pueda respetar el debido proceso, como lo tienen el resto de los internos que tenemos en los recintos carcelarios del país”, señaló.
Por otra parte, la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional declaró inadmisible un recurso de apelación incoado en contra de la resolución que homologa el acuerdo suscrito entre la Procuraduría General de la República y la empresa Odebrecht, en el marco de la investigación que se lleva a cabo por los sobornos que esa constructora admitió haber pagado para la obtención de contratos de obras en el país.
El recurso interpuesto por Manuel de Jesús Jiménez Ortega, a través de sus representantes legales Manuel Sierra, Rigoberto Rosario Guerrero y Daniel Izguierdo, en contra de la resolución del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que homologa el acuerdo, fue declarado inadmisible por no ser la decisión impugnada susceptible de recurso de apelación.
El acuerdo de la Procuraduría General con la constructora brasileña Odebrecht establece que esa empresa debe contribuir con la investigación que se lleva a cabo en el país con relación a este caso y el pago de US$184 millones como indemnización a favor del Estado dominicano por la comisión del ilícito penal de soborno, contemplado en la Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.
La decisión de la corte de apelación se fundamentó en la Constitución, la Ley 448-06,y el Código Procesal Penal dominicano, así como en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La Procuraduría señaló que como resultado del acuerdo se recibió a tiempo la información del caso, lo que permitió realizar de manera más rápida el sometimiento a la Justicia de varios implicados.
