Santo Domingo, RD.- El movimiento cívico Participación Ciudadana plantea la necesidad de que la Junta Central Electoral (JCE) establezca responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos en el reciente proceso de las elecciones primarias y que cree los mecanismos para que no se repitan, buscando acuerdos con los partidos y candidatos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Eso incluye frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista.
En su segundo informe de observación electoral, publicado este jueves, PC reclama una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, dirigida tanto a la clase política como a la ciudadanía y señala que la JCE debe buscar consenso en el sistema político para la utilización del voto automatizado, dadas las objeciones que surgieron tras su implementación en las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Este segundo informe abarca todo el proceso organizativo y reglamentario de las primarias, y las actuaciones de los partidos, considerándolo exitoso en cuanto a la logística, transmisión oportuna de los resultados, preparación de los miembros de las mesas y otros aspectos, pero decepcionante en cuanto a las violaciones a las leyes sin actuación por parte de las autoridades competentes.
A continuación transcribimos lo que el movimiento cívico no partidista considera como retos para las elecciones del año 2020:
La compra de votos fue aceptada hasta por el propio Presidente de la JCE, pero nada se hizo al respecto y ni siquiera se había entrenado a la Policía Electoral para actuar en claros casos de delitos flagrantes que ameritaban la detención inmediata de los que se dedican a esas actividades.
La disposición de la propia JCE de prohibir la publicación de encuestas a partir del jueves anterior a las primarias, fue violada frente a todo el mundo, incluyendo las autoridades electorales, cuando se publicaron en las redes varias encuestas a boca de urna que además implicaban un engaño a la población votante pues sus resultados eran producto de la conveniencia de quien las pagaba.
Fue innegable la incapacidad de la JCE de poner fin oportunamente a las prácticas violatorias de las leyes, como el proselitismo y la profusa campaña alrededor de los recintos de votación. Estas violaciones y sobre todo el uso de los recursos del Estado a favor del precandidato oficialista permiten a Participación Ciudadana declarar que los resultados de estas elecciones primarias no han sido legítimos.
Resumimos a continuación los principales retos que enfrenta la JCE de cara al futuro:
- La Junta Central Electoral está en el deber de establecer responsabilidades por las innumerables violaciones a las leyes y reglamentos, crear los mecanismos para que no vuelvan a suceder y llegar a un acuerdo con los candidatos y partidos para adecentar las prácticas y el discurso electoral. Es imprescindible recuperar la confianza en que toda violación será castigada con todos los mecanismos disponibles y sin distinción.
- La JCE tiene frente a sí el desafío, difícil pero posible con voluntad y determinación, de frenar el desmedido uso de los recursos del Estado a favor del candidato oficialista, incluyendo el nombramiento como coordinadores a los más altos funcionarios públicos. Si no hace esto no podrá garantizar unas elecciones ni siquiera mínimamente democráticas y equitativas.
- La JCE debe crear una campaña de educación ciudadana referida al comercio de votos, tanto dirigida a la clase política como a los ciudadanos y ciudadanas.
- Dados los cuestionamientos, fundamentados o no, que se han hecho al sistema de voto automatizado, primero la JCE debe buscar desde ya el consenso para su posible utilización el próximo año y, de ser aprobado, revertir la desconfianza creada con las auditorias necesarias, seleccionadas en un proceso totalmente transparente y con una empresa confiable para todas las partes.
- La JCE debe aplicar desde ya las normas que prohíben las campañas a destiempo, pero para que esto sea efectivo y justo, debe limitar la propaganda gubernamental que, disfrazada de imparcial, desde ya pregona que hay que seguir la oferta oficial para garantizar el progreso del país.
- La JCE no puede posponer más la elaboración y puesta en vigencia de los reglamentos que faltan, especialmente los referentes a la propaganda y el de registro de contribuyentes, así como comenzar a aplicar el reglamento de control financiero de los partidos y candidatos.
- Los informes de ingresos y gastos de la precampaña que ya deben entregar todos los que participaron en las primarias deben ser publicados y sometidos por la misma JCE a un análisis minucioso que determine ocultamientos u omisiones, incluyendo las fuentes de financiamiento.
- Los informes de gastos de los partidos correspondientes al 2019 que serán entregados al principio del próximo año deben ser exigidos con el formato y la plataforma establecida y también ser sometidos a análisis exhaustivos con el objetivo de hacer cumplir la Ley.
- Participación Ciudadana espera que la JCE haga cumplir la paridad de género de un mínimo de 40% y la cuota de un 10% de la juventud. Con respecto a la paridad de género esperamos que la JCE de prioridad a las mujeres que participaron en las primarias y si todavía faltare para completar el 40%, se tome de las posiciones reservadas a la alta dirigencia partidaria.
- En cuanto a la población envejeciente y con discapacidad, su suerte no puede ser dejada a la buena voluntad de ciudadanos que hacen el favor de subirlos y bajarlos en brazos a la gran cantidad de mesas que están ubicadas en pisos altos o no tienen facilidades de acceso. La JCE está en la obligación de tomarlos en cuenta, respetar su dignidad y facilitarles la participación.
- La JCE tiene el deber y la oportunidad de aplicar las sanciones correspondientes a las firmas encuestadoras que violaron la Ley en el proceso de primarias, sobre todo con la cancelación del registro para poder realizar encuestas electorales.
- Finalmente, Participación Ciudadana apela a la buena voluntad, el patriotismo y el compromiso con el país. Hace un llamado al liderazgo nacional, político, económico, social y religioso, a concertar unos cuantos puntos en los que debemos avanzar con miras a las elecciones del próximo año.
Nuestro país se lo merece, nuestra democracia lo exige y podemos hacerlo podemos adecentar la práctica política.
