El movimiento cívico Participación Ciudadana está convencido de que el irrespeto de funcionarios y ciudadanos al primer poder del Estado se debe a que los legisladores no aplican los mecanismos que les facultad la Constitución de la República.
Joseph Abreu, coordinador general del organismo no partidista, dijo a elCaribe que históricamente la fiscalización ha sido una actividad que no ha sido muy practicada por los senadores y diputados, y que cuando la ejercen, no lo hacen con la categoría que deberían ni aplicando el régimen de consecuencia correspondiente.
Su comentario fue tras explicar que la mayor cantidad de acciones de los legisladores debe ser en el ojo de la fiscalización.
“Hasta que no se concreticen y apliquen los regímenes de consecuencias, las personas no van a tener ese respeto que merece el primer poder del Estado”, manifestó Abre, al ponderar que inmediatamente los investidos del órgano bicameral hagan una invitación a alguien, la persona debe asistir, y si no lo hace, se considerará como un desacato, que está tipificado en el Código Penal como un delito punible.
Recordó a los congresistas que como consecuencia de no acudir al llamado, en el caso de los funcionarios públicos, pueden valerse del recurso de la interpelación; y en cuanto a los funcionarios electos y designados, ya sea por el Consejos Nacional de la Magistratura o votación popular, pueden hacerles un juicio político.
En ese sentido, precisó que en la medida en que ejerciten ese músculo y lo hagan con responsabilidad “y no como politiquería”, conseguirán el respeto de los funcionarios.
Finjus asegura mecanismo constitucional no es operativo
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaño Guzmán, dijo que el mecanismo que se ha diseñado desde la Constitución de invitar e interpelar a funcionarios no ha resultado ser operativo.
Consciente de que el recurso se ha establecido en la Ley Sustantiva, cree que en la práctica no funciona. Frente a esa realidad, consideró que valdría la pena “una reforma a la Constitución”.
Castaño Guzmán citó el artículo 94 de la Carta Magna, que habla sobre la invitación a funcionarios y argumentó que esa solicitud deben someterla a votación a lo interno de la comisión, pero que, como generalmente en la mayoría de los casos hay un partido que tiene la mayoría, “ahí es que se presenta el inconveniente”, porque este la objeta. Se refirió también al artículo 95, que trata la interpelación, el cual, a su juicio, tampoco ha resultado ser obrante.
Un caso similar al mencionado por el representante de la Finjus, es la resolución que sometieron tres legisladores de oposición para interpelar al director general de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, la cual se vio frustrada en su aprobación porque los miembros perremeístas integrantes de la comisión apoderada de la pieza, aprovechando ser mayoría, maniobraron, votando para que sea enviada “sin plazo fijo” a la Ofitrel.
La Finjus y Participación Ciudadana ofrecieron las declaraciones en el marco del incidente reciente entre el ministro de Educación, Ángel Hernández, y la Comisión Permanente de Educación de la Cámara de Baja, así como de otros hechos que se han presentado en el país, en donde las visitas realizadas por los senadores y diputados con el fin de supervisar, fiscalizar o reunirse con representantes de entidades gubernamentales la cuales han frenado o abortado.
Comisión Educación de la CD prepara informe sobre incidente con Hernández
La Comisión Permanente de Educación de la Cámara de legisladores rendirá un informe en la próxima semana explicando el incidente entre el ministro de Educación, Ángel Hernández, y miembros de la comitiva.
De acuerdo a Norberto Ortiz, presidente de ese grupo de diputados, la comisión obedece a la solicitud que hizo el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en la sesión ordinaria del pasado martes.
“Para el próximo lunes, Dios mediante, creo que podemos estar rindiendo ese informe que nos ha solicitado el pleno de la Cámara y creo que ahí va a concluir esta comisión con la parte que nos concierne”, aseguró el legislador perremeísta sin detallar si la Comisión procederá a invitar al funcionario a una reunión al Congreso.
Dijo que están trabajando en la elaboración del informe y que el Ministerio de Educación y la comitiva tienen “un matrimonio sin divorcio”.
Cabe mencionar que Alfredo Pacheco, además de exhortar a los comisionados a preparar un informe de lo que ocurrió en el despacho de Hernández, también les animó a invitar a éste a una reunión en el órgano legislativo. La diputada Ydenia Doñé Tiburcio, había dicho que el funcionario “echó de su oficina” a integrantes de dicha comitiva.
