Santo Domingo.- Participación Ciudadana ha rechazado enérgicamente la reciente decisión del Gobierno de reasignar fondos del presupuesto del 2024. La organización, conocida por su defensa de la transparencia y el respeto a las leyes, ha denunciado esta medida como una flagrante violación constitucional y legal.
La decisión gubernamental de redirigir fondos presupuestarios, especialmente destinados a instituciones como la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos políticos, ha sido duramente cuestionada por Participación Ciudadana. Según la organización, este tipo de acciones, que se han convertido en una práctica habitual a lo largo de las décadas, reflejan una falta de voluntad política para abordar reformas fiscales significativas y para garantizar un uso responsable de los recursos estatales.
Participación Ciudadana ha recordado que, de acuerdo con la Constitución, cualquier modificación en el presupuesto del Estado debe realizarse mediante una ley aprobada por el Congreso Nacional. Sin embargo, la decisión gubernamental de reasignar fondos sin el respaldo legal necesario constituye una clara transgresión de los principios democráticos y del Estado de Derecho.
La organización ha destacado que estas acciones no solo violan preceptos constitucionales, sino que también socavan el principio de separación de poderes, al pasar por alto la autoridad legislativa del Congreso Nacional. Además, subraya que el precedente establecido por esta decisión podría generar serias repercusiones en el futuro, erosionando aún más las instituciones democráticas del país.
En este contexto, Participación Ciudadana ha llamado a una revisión exhaustiva de las leyes electorales y de financiamiento de partidos durante una eventual revisión constitucional. Sin embargo, enfatiza que, hasta que se realicen tales modificaciones, es imperativo respetar el marco legal vigente y abstenerse de acciones que perjudiquen el interés general en favor de intereses particulares.
En conclusión, Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa del Estado de Derecho y la institucionalidad democrática, exigiendo el respeto irrestricto a las leyes y rechazando cualquier intento de vulnerarlas en beneficio de unos pocos, en detrimento del bienestar colectivo.
