Afirman que médicos no cumplen horarios y acceso a la salud es costoso y deficiente en República Dominicana
El acceso a los medicamentos y a otros servicios médicos se ha convertido en el más significativo gasto de bolsillo y familiar. No obstante, el derecho a la salud ocupa el primer lugar en la lista de reclamos de los dominicanos.
El dato figura en la Encuesta Nacional de Derechos Humanos 2023, levantada por el defensor del Pueblo, cuyos resultados fueron analizados y contextualizados en el marco del “Segundo Congreso Bienal Salud y Seguridad Social”, que se desarrolla los días 17 y 18.
En el acto de apertura del evento, el Defensor del Pueblo Pablo Ulloa, organizador del congreso, afirmó que si bien es cierto que el país ha logrado grandes avances en la garantía de los derechos humanos durante los últimos 45 años, también lo es que persisten grandes deficiencias en la protección del derecho a la salud.
A su afirmación le agregó que tanto los gastos de bolsillo como en los hogares en salud constituyen barreras de acceso a los beneficios que la seguridad social puede garantizar, y tienen un efecto empobrecedor sobre el presupuesto familiar.
“Este es un espacio de discusión neutral, para lograr mejorar la salud de los dominicanos, cuyo gasto representa el 50 por ciento del presupuesto de los hogares dominicanos” aseguró Ulloa.
Por consiguiente, afirmó que es indispensable y urgente reducir y controlar los gastos en medicamentos, procedimientos y copagos.
Por las razones expuestas, el defensor del Pueblo solicitó, en dicho escenario, al Congreso Nacional una ley general de acceso universal a medicamentos esenciales. “Señores y señoras el pacto por la seguridad social es la madre de todas las reformas… Creo en los pactos y las reformas; por eso hago un llamado concreto para que sean tomados en cuenta los siguientes aspectos”, subrayó Ulloa.
En ese orden, señaló que el gasto público en salud en la República Dominicana se ha mantenido entre el 2.4 y el 2.8% del PIB, uno de los porcentajes más bajos del continente.
Dicho esto, resaltó la necesidad de elevar la inversión y gasto público en salud y al mismo tiempo reevaluar las prioridades en ese sentido.
Consideró necesario fortalecer las intervenciones que fortalezcan la prevención y la promoción de la vida saludable, que garanticen reducir la mortalidad materna y neonatal, que aumenten la atención de condiciones especiales, discapacidades y de salud mental.
Desde su planteamiento, estas acciones deben apuntar a disminuir la morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas, tales como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares.
“Si hacemos una reforma integral basada en un criterio país, impactamos positivamente el mercado laboral, aumentaremos la fiscalidad del Estado, contribuiremos a la sostenibilidad del sistema financiero y nos adelantamos a lo que visualizo como uno de los factores de conflictividad más grande a los que nos enfrentaremos en los próximos años, el vencimiento de las 360 cotizaciones”, concluyó.
El Congreso Bienal, que se desarrolla en el hotel Catalonia, cuenta con la participación de expertos nacionales e internacionales, sociedades médicas, autoridades, y representantes del sector privado para abordar las posibilidades de cambios en las leyes de salud y seguridad social.
Conep se opone a “destrucción del sistema”
El programa de ponencias contempló un espacio para el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Cesar Dargam, con la conferencia “Perspectiva empresarial sobre la protección social de los derechos a la salud y seguridad social”
En su presentación, Dargam resaltó que desde el sector empresarial hay una convicción firme de la importancia que reviste para el sistema de la seguridad social avanzar hacia su fortalecimiento y modernización. Sin embargo, aseveró que el gremio mantiene “una oposición tajante y radical a su destrucción”.
En ese sentido, consideró que todas las oportunidades de mejora que se puedan plantear deben estar orientadas a tener un sistema más eficiente, más efectivo y más fuerte. “El sistema debe ser modernizado, adecuado, corregido y supervisado, debe lograrse más y mejores pensiones y más y mejor cobertura de salud, pero eso puede ocurrir sin destruir lo que hasta este momento se ha podido construir en la República Dominicana”, enfatizó.
Una de las ponencias que concitó más atención por lo controvertido de los temas abordados estuvo a cargo de Arismendi Díaz Santana, primer gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social. En la conferencia “Orígenes, fortalezas, debilidades, soluciones y propuestas de la Ley 87-01”, el especialista planteó que la garantía real del derecho universal a la salud depende del equilibrio financiero del plan básico de salud.
Díaz Santana, quien fue asesor técnico en la formulación de la Ley 87-01, sostuvo que el plan básico de salud está constantemente sometido a grandes riesgos de desequilibrio por fraudes, sobrefacturación y presiones gremiales. “Cualquier desequilibrio del plan básico de salud reduce el derecho universal a la salud, menos cantidad o calidad de los servicios y/o aumento del gasto familiar de bolsillo, que son las tres cosas que están ocurriendo en nuestro país que generan tanta inseguridad”, afirmó.
El 53 % de médicos asiste una vez
“Quiero tocar ahora un tema muy espinoso, pero si queremos resolver tenemos que llegar al problema”, expresó Díaz Santana al tiempo de afirmar que en el sector salud existe una nómina muy abultada, donde predomina el clientelismo y el ausentismo.
Para darle fuerza a su afirmación, el también presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos precisó que ninguno de los médicos del sector público asisten todos los días a su trabajo y solo el 53 % solo una vez a la semana.
“La falta de supervisión y controles y sanciones explican las largas horas de espera, muchas veces de hasta cinco horas de los pacientes”, dijo. Ante la realidad expuesta, el experto en seguridad social reflexiona sobre “cuál es la garantía real del derecho universal a la salud, asegurándoles por adelantado los salarios y los ingresos a las PSS públicas, independientemente de la calidad del servicio prestado, sin control, ni fiscalización y sin rendición de cuentas”.
Fantasmas
“Existen cerca de diez mil trabajadores fantasmas que reciben un salario, pero no trabajan”, dice Díaz Santana.
No cumplen
“Pese a que la mayoría de médicos trabaja, el promedio general apenas llega al 45 % de cuatro horas”, indica Díaz Santana.
