El Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, apoya de manera total la propuesta de estudiar de forma conjunta el Código Penal (CP) y el Código Procesal Penal (CPP), como sugiere el jurista Francisco Álvarez Martínez.
Este enfoque no solo responde a una necesidad técnica, sino que también refleja el compromiso de las instituciones con la justicia, la coherencia normativa y el fortalecimiento del Estado de derecho, de acuerdo a Ulloa.
Álvarez Martínez afirmó esta semana en Despierta con CDN que la declaratoria de inconstitucionalidad de Ley 10-15, que establece modificaciones al CPP, da la oportunidad al país y al Congreso Nacional de estudiar, adecuar y aprobar en un año esa legislación junto al CP. Dijo que en ninguna nación “que se respete” se debe estudiar separado lo sustantivo de lo procesal.
Al profundizar más en el tema, el Defensor del Pueblo recuerda que la Constitución, en su artículo 69, establece con claridad que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley”.
“Este principio no es un simple ideal; es el pilar sobre el que descansa la confianza ciudadana en nuestro sistema judicial. Por ello, cualquier reforma que se haga debe garantizar que los derechos fundamentales estén protegidos de manera integral, evitar contradicciones entre lo sustantivo y lo procesal”, subraya el servidor público al secundar el planteamiento del jurista.
Señala, además, que para ilustrar la importancia de este enfoque, basta imaginar el caso de una persona acusada de forma injusta. Explica que si el Código Penal define la conducta como delito pero el Código Procesal Penal no proporciona los procedimientos adecuados para defenderse, esa persona quedaría en una posición vulnerable, con derechos fundamentales potencialmente violados.
Considera que este tipo de escenarios debilitan la confianza en las instituciones y afectan de manera directa la vida de los ciudadanos.
Lo positivo de la sentencia del TC
Pablo Ulloa cree que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 10-15 es un recordatorio de la responsabilidad como nación.
Afirma que el plazo otorgado a los legisladores para salvar la referida Ley no es solo una oportunidad para corregir, sino para construir un sistema más sólido, donde los dos códigos sean reflejo del compromiso con un verdadero Estado de derecho. Piensa que esta es una ocasión histórica para avanzar hacia un marco normativo que priorice la justicia y el bienestar ciudadano.
El TC falló en contra de la Ley 10-15, que introduce modificaciones a la Ley 76-02, bajo el alegato de que fue sancionada por el Senado sin la ratificación de la Cámara de Diputados. La alta corte dio un año al órgano parlamentario para que vuelva a someter y refrendar la norma, pues de lo contrario, los 111 artículos de la misma serían suprimidos, y se volvería al marco legal de hace 22 años. Debido a ello, el senador Félix Bautista reintrodujo la legislación, a fin de que el CPP mantenga su actual vigencia.
“En este contexto, creo firmemente que estudiar ambos códigos en conjunto fortalecerá nuestra institucionalidad, enviará un mensaje claro de progreso y garantizará que nuestras leyes sean herramientas de equilibrio y equidad. Esta es una decisión que trasciende lo técnico y tiene un impacto profundo en nuestra sociedad”, concluye el defensor del Pueblo.
También abrazan el planteamiento
Además del apoyo de Pablo Ulloa, la propuesta de estudiar juntos el Código Procesal Penal y el Código Penal concita el respaldo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) así como de legisladores de los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Alianza País (AP).
Se pronunciaron en ese sentido Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Finjus; Eugenio Cedeño y Sandro Sánchez, miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados; y Pedro Martínez, diputado de AP.
Castaños Guzmán afirmó que el planteamiento de Álvarez Martínez es oportuno y correcto, porque inclusive cuando el proceso en sí regula un sistema, la dogmática, que es el caso del Código Penal, tiene que ir de la mano con el proceso en sí.
Cedeño dijo que está 100% de acuerdo con que el Congreso se aboque a estudiar en conjunto las dos reformas legislativas, ya que cuando los comisionados estaban estudiando el Código Penal, tenían que hacer referencia a los aspectos procedimentales.
Al contrario de sus colegas, al diputado y presidente del PQDC, Elías Wessin, no le parece buena idea estudiar los códigos en paralelo.
