Santo Domingo, Distrito Nacional, 26 de Abril 2019. Dentro de las actividades del Mes de la Prevención del Abuso Infantil, World Vision junto a las organizaciones Misión Internacional de Justicia, Plan International y Save the Children realizaron el panel “Trata de personas y explotación sexual: una práctica criminal que esclaviza a nuestra niñez”.
Estas instituciones de la sociedad civil están articulando esfuerzos para contribuir a la protección de los niños, niñas, adolescentes y mujeres vulnerables contra todos los tipos de violencia, explotación sexual, trata, malos tratos, negligencia y abuso. El encuentro ha sido realizado con la intención de evaluar la situación que afecta a un gran número de mujeres y niños dominicanos como víctimas de explotación sexual en la República Dominicana y el Caribe.
Según datos de la Procuraduría General de la República, en el 2017 identificaron 157 víctimas de tráfico sexual: 137 mujeres y 20 hombres; 83 menores y 74 adultos en comparación con 101 víctimas en 2015. De su lado un estudio de World Vision realizado a nivel de América Latina y El Caribe cuenta que la tasa de riesgo de violencia contra la niñez es de 20%.
Recientemente, Misión Internacional de Justicia (IJM por sus siglas en inglés) condujo un estudio para medir la prevalencia de este delito en la República Dominicana, y entre otros hallazgos, encontró que en el 90% de los lugares donde se practica el intercambio de sexo por dinero, había menores de edad siendo explotados por adultos. Así mismo, los investigadores de IJM encontraron que 1 de cada 10 personas explotadas sexualmente en el país es menor de 18 años.
En el encuentro los panelistas representantes de las instituciones Caminante, Misión Internacional de Justicia, Plan International, Save the Children, Procuraduría General de la Republica y World Vision, reconocieron que desde el ámbito judicial el país ha avanzado en la búsqueda de solución al problema de la trata y explotación sexual de niñas, niños y mujeres, como lo constituye el hecho de la creación de la Fiscalía Especializada para el Combate del Delito de Trata y Tráfico de Personas, pero se requiere de mayor capacitación para los operadores de la justicia, en las competencias de detección, investigación, tipificación y caracterización del crimen de trata y tráfico de personas.
Concluyeron que se requiere financiar y coordinar adecuadamente los servicios de atención especializados para las niñas, niños, adolescentes y adultos víctimas de la trata y explotación sexual; así como la necesidad urgente de reformar la Ley 137-03 sobre trata y tráfico de personas, y que se implementen los Protocolos de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Trata y Explotación Sexual, y programas de capacitación, orientación y sensibilización a líderes de Organizaciones de Bases Comunitarias y Organizaciones Basadas en la Fe, trabajadores sociales, entre otros actores clave de la sociedad civil y el Estado.
