Siete son de las filas del Partido Revolucionario Moderno y uno del Partido Revolucionario Dominicano
Al menos ocho diputados desfilaron en expedientes judiciales durante el cuatrienio 2020-2024 por presuntos actos de narcotráfico, lavado de activos, violencia física y violación de propiedad.
Siete de los señalados pertenecen al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y uno al Partido Revolucionario Dominicano (PRD). De los ocho “escandalosos”, solo cuatro han sido acusados: uno fue condenado a 16 años de cárcel; otra a cinco años; y el tercero a tres meses de prisión suspendida. El cuarto fue descargado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Los cuatro congresistas restantes, aunque estarían siendo investigados, no han sido acusados hasta la fecha.
En cuanto al Senado de la República, ninguno de los legisladores “sonó” en los expedientes del Ministerio Público.
¿Quiénes son los condenados?
Entre los hallados culpables ante la justicia está Miguel Gutiérrez (PRM-Santiago), sentenciado el pasado 4 de abril a 16 años de cárcel por tráfico de drogas, según la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida, Estados Unidos.
Gutiérrez, quien en mayo de 2021 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami y renunció como legislador en septiembre de 2023, llegó a un acuerdo con las autoridades norteamericanas, al declararse culpable de dos cargos de narcotráfico, en diciembre de 2024.
El exdiputado era conocido como un empresario, y no fue hasta el 2019 cuando incursionó en la política dominicana y decidió lanzar su candidatura a la Circunscripción 1 de Santiago, por el PRM, fue el más votado de la provincia, con 21,177 votos.
Se suma a los “estrepitosos” Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega), la cual el 28 de mayo de 2024 fue sentenciada a cinco años de prisión al ser hallada culpable del delito de lavado de activos en perjuicio del Estado dominicano. La investigación en el caso se inició durante el año 2020.
Según el fallo de los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la diputada deberá cumplir la pena en el Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago. Sin embargo, Pilarte, como legisladora que es, goza de inmunidad parlamentaria hasta el próximo 15 de agosto, por lo que estaría libre hasta esa fecha. El pasado 17 de julio la congresista apeló la sentencia.
La perremeísta había notificado un patrimonio de RD$15,900,000.00, pero la justicia aclaró que el verdadero monto es de RD$ 4,418,399,312.92 pesos, producto de un “amplio circuito de lavado de activos” y que, de acuerdo a las autoridades, era con el objetivo de ocultar el origen de los recursos procedentes del tráfico ilícito de drogas.
La representante de La Vega no pudo postularse en las elecciones pasadas porque el PRM se lo impidió. Lo que ésta objetó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), sin éxito.
El siguiente es Sadoky Duarte (PRM- Sánchez Ramírez), condenado en octubre de 2022 a tres meses de prisión de modalidad suspendida y al pago de 3,500 pesos. La Suprema Corte de Justicia lo declaró culpable de ultraje y violencia en contra de la autoridad pública, en perjuicio de la raso de la Policía Nacional (PN) Disleidy Heredia Figueroa y el fiscal Francis Alberto Valerio Martínez, en un hecho ocurrido en 2020 en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
A pesar de todo, Duarte se presentó en los comicios del pasado 19 de mayo y fue reelecto con 17,655 votos.
Sin acusación
Entre los no acusados está el diputado Sergio (Gory) Moya de la Cruz (PRM-Distrito Nacional), quien es mencionado en el expediente de corrupción Caso Calamar como el cabecilla de una supuesta red de cobros ilegales a bancas deportivas y de lotería.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, informó en abril de 2023 que solicitarían la designación de un juez de instrucción especial para iniciar de manera formal una investigación en contra de Moya de la Cruz, por su presunta implicación en el referido caso. El anuncio fue a una semana de que el congresista manifestara que renunciaría como legislador y se retiraría de la vida pública si se demuestra que recibió dinero irregular.
“Gory” compitió en los pasados comicios y fue reelegido como el diputado más votado de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional, con 20,011 votos.
También aparece entre los no acusados Nelson Rafael Marmolejos Gil (PRM-Santiago), cuyo nombre estaría relacionado en el expediente sobre narcotráfico y lavado de activos del Ministerio Público denominado caso Falcón. Según el órgano persecutor, el diputado perremeísta logró un financiamiento completo de su campaña política en el 2020 con los recursos económicos del cabecilla de la estructura delictiva que operaba en Santiago y otras demarcaciones de la República Dominicana.
Similar a otros colegas, Marmolejos Gil repite como congresista, con 12,445 votos, el segundo más votado de la Circunscripción 3 de Santiago.
De igual manera, en el expediente caso Falcón aparece el nombre de Faustina Guerrero Cabrera (PRM-El Seibo), conocida también como Grey Maldonado. Está señalada junto a su esposo Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna, y quien estuvo preso por el caso. La diputada fue reelecta recientemente como la más votada de El Seibo, con 12,556 sufragios,
Concluye el listado de los no acusados Héctor Darío Féliz Féliz (PRD-Pedernales), conocido popularmente como “Pirrín”. El único diputado de la oposición que aparece el expediente fue señalado por el Ministerio Público, en el año 2021, por presuntamente transportar en su vehículo a un perseguido de narcotráfico en la operación Falcón. Pirrín perdió en las elecciones pasadas.
Hasta el momento el Ministerio Público no ha presentado acusación contra los cuatro señalados
SCJ descargó a Gregorio Domínguez Domínguez
Gregorio Domínguez Domínguez (PRM- Santiago), es el diputado descargado por la SCJ. El pasado 19 de febrero la alta corte dictó auto de no ha lugar en favor del miembro oficialista, acusado de violencia de género y secuestro de una ciudadana norteamericana. También el 10 de octubre de 2022, la Segunda Sala Penal de la Suprema absolvió al legislador de la acusación del Ministerio Público, de que incurrió en desalojo ilegal de una propiedad en la comunidad Punta Rucia, en Puerto Plata. El representante de la Circunscripción 1 de Santiago se repostuló en las pasadas elecciones y fue el segundo diputado más votado de esa demarcación.