El Colegio Dominicano de Notarios (Codenot) denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) le retiene de manera ilegal e injustamente una suma millonaria.
Ayer decenas de notarios realizaron una marcha, que culminó frente al organismo, para exigir el pago de 113 millones que supuestamente la Procuraduría debe erogar al gremio por la certificación de actos notariales.
Los profesionales del derecho iniciaron el recorrido en la esquina de las avenidas Jiménez Moya con Correa y Cidrón y concluyeron en el edificio que aloja la Procuraduría en el Centro de los Héroes.
La presidenta del Colegio de Notarios, Laura Sánchez Jiménez, manifestó que el gremio reclama la aplicación de la ley 140-15, para garantizar los planes de pensiones, ayudas médicas y cuente con los recursos necesarios para la firma digital.
Precisó que la Procuraduría dejó de pagarle al Colegio de Notarios la cantidad citada por la transferencia de 130 pesos por cada acto notarial establecida en la Ley 140-15.
Sostuvo que la Procuraduría hace años que no acredita íntegramente los montos que corresponden al Colegio de Notarios.
Explicó que la Procuraduría debe cobrar, conforme con la Ley 140-15, del Notariado, 130 pesos por cada acto notarial; sin embargo, está cobrando 700 pesos, de los cuales sólo entrega 80 pesos al Colegio de Notarios.
En ese sentido, la PGR aclaró que todos los meses hace entrega de los fondos correspondientes al Codenot como contempla la Ley 140-15 y según los acuerdos establecidos por las partes sobre los pagos por certificación de firmas.
El organismo indicó que el monto de más de 100 millones que el gremio alega que le adeuda, es una falacia sin ningún fundamento, que deja de lado acuerdos interinstitucionales suscritos con la PGR en el año 2005 sobre el cobro de los servicios.
Dice que está pagando lo establecido en la ley
La Procuraduría General de la República destacó que desde antes de la promulgación Ley 140-15, se está pagando el valor correspondiente con los descuentos consensuados y acordados con sus diferentes directivas. Recordó que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) declaró improcedente la acción de amparo que sometió el Colegio Dominicano de Notarios.
