SANTO DOMINGO. El abogado constitucionalista, Nassef Perdomo se refirió este lunes a la mayoría de leyes y reformas aprobadas por los legisladores de la República Dominicana, en los últimos 30 años. Indicó que son producto del compromiso que los gobiernos dominicanos han asumido con las organizaciones internacionales.
Durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, el jurista considera que no es casual el gran impulso de reformas internas. Dijo que sucedió a partir de la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, o TLC).
“El entorno internacional siempre afecta la producción jurídica interna. No es la primera ni la última vez que se presenta un proyecto de ley que ha sido redactado con la colaboración de organismos internacionales. Lo que hay que tener en cuenta es que quien aprueba la ley es el Congreso Nacional, no los organismos internacionales. De tal manera que, independientemente de la preparación del proyecto de ley por parte de los organismos internacionales, la decisión final está en el Congreso”, comenta.
El destacado abogado hace los señalamientos al abordar el tema del proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Este proyecto el Poder Ejecutivo lo tuvo que retirar del Congreso Nacional, tras las controversias que generó la pieza. Los autores son organismos internacionales, la sometió el Gobierno, y generó controversia en sectores importantes de la sociedad dominicana. Dichos sectores consideran que el instrumento buscaría beneficiar a los migrantes haitianos que viven de manera irregular en el país.
Las controversias
Sin embargo, Perdomo plantea que, contrario a lo que se ha dicho, el citado proyecto de ley no prevé beneficios diferentes a los que están contemplados en la actual legislación. Es decir para los inmigrantes indocumentados que vienen al país voluntariamente.
“Lo que sí sucede es que la redacción de la ley y la selección de términos jurídicos, algo que puede parecer técnico pero tiene impacto, crea confusión. Aunque no pienso que esa es la intención del proyecto, hay que reconocer que puede llevar a confusión. Eso no es bueno, porque la ley no depende únicamente de la intención de quien la aprueba”, dice.
El abogado constitucionalista plantea que en su lugar cambiaría tres puntos fundamentales del proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. “En primer lugar, creo que el principio de no devolución está redactado demasiado abierto. Segundo, la ley prevé tres figuras que son distintas, pero son tan parecidas que generan confusión. Por un lado, las personas objeto de tráfico ilícito de personas. De otro lado, las personas víctimas de tráfico ilícito de personas y por otra parte la persona víctima de trata de personas”.
Insiste en que hay que distinguir esas cosas de forma clara y precisa. También señala que un inmigrante indocumentado que viene por voluntad propia no es víctima de trata. “Una persona víctima de trata es la que viene bajo engaño, amenaza o violencia”, agrega.
El tercer punto que cambiaría de la ley está relacionado con una contribución especial prescrita que, a su juicio, resulta imprudente en esta y en cualquier proyecto de ley. “Obviamente, aparte de esas tres, hay muchas cosas que pudieran mejorarse, que no abordaremos por razones de tiempo”, añade.
Colapsó la política de comunicación del Gobierno
Al responder la pregunta del por qué el Poder Ejecutivo ordenó retirar del Congreso Nacional el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sin dar ninguna explicación, el abogado Perdomo considera que la forma en que discurrió la discusión de la pieza “muestra un fracaso rotundo y un colapso absoluto de la comunicación del Gobierno”.
“Estas son cosas para discutirlas y nadie tiene que estar de acuerdo con nadie. Los gobiernos están para criticarlos, esa es la democracia; pero que pasaran cuatro días y no se produzca una reacción oficial, es inaceptable. Aquí debería haber una autoridad del Gobierno que explique el proyecto que ellos mismos presentaron en el Congreso Nacional”, argumenta, al reiterar que es un colapso absoluto de los responsables de la política de comunicación gubernamental.
El letrado entiende que en cualquiera de los dos estadios, antes o después de someter la pieza para su aprobación, hay espacio para la discusión, al tiempo de señalar que las preocupaciones que han expresado algunas personas no son irracionales.
Sin embargo, dice que le preocupa que el Estado dominicano decidiera asumir responsabilidades como las que prevé el proyecto para las víctimas de trata para los indocumentados que entren al país, ya que, a su juicio, el Estado no estaría en condiciones de asumir esos compromisos.
