El accionar del Ministerio Público siempre ha sido objeto de exigencias de parte de la sociedad en torno a temas relativos al combate a la corrupción y sometimiento a la Justicia de quienes infringen la ley, pero desde que surgió el movimiento Marcha Verde, que autoproclama que busca “el fin de la impunidad” en el país, acompañado de otros grupos sociales, la Procuraría General de la República no ha salido de un asedio constante y el nuevo titular de la entidad, Jean Alain Rodríguez, luce prácticamente acorralado ante los constantes ataques y desafíos de los grupos sociales y partidos que se han sumado a la iniciativa. Sin importar el trabajo que presente el funcionario, siempre el colectivo y sus acólitos quieren más.
El caso de la compañía brasileña Odebrecht, que confesó que incurrió en sobornos en el país para que le adjudicaran la construcción de obras, ha sido prácticamente el punto de lanza del movimiento que exige al procurador “respuestas concretas” en torno al tema, incluida una comisión independiente con fiscales especiales para que investigue el caso, aunque en sus planteamientos también toque otros casos de presunta corrupción, como son el de los aviones Súper Tucano.
Desde que inició las investigaciones del caso Odebrecht, la Procuraduría ha sido objeto de reclamos, pero en las últimas semanas éstos se han tornado desafiantes y hasta cierto punto subversivos, como lo fue el caso de la toma del antedespacho del funcionario de parte de un grupo de “estudiantes” en reclamo de que se dieran a conocer los nombres de los sobornados.
El grupo, vestido con polo shirt de color negro con consignas contra la corrupción, permaneció en el lugar por espacio de seis horas y durante su “estadía” en el lugar se esparció un gas pimienta que todavía se desconoce su origen, pero los manifestantes lo atribuyen a la seguridad del lugar.
Luego de esa acción, el Frente de Lucha Popular -Falpo- anunció para esta semana su intención de instalar un campamento frente a la Procuraduría con el mismo reclamo (los nombres de los sobornados por Odebrecht) y los resultados de la iniciativa, la cual no fue autorizada por el Ministerio de Interior y Policía, fue un enfrentamiento a bombazos, golpes y empujones entre agentes de la Policía y miembros del Falpo, que se presentaron en la mañana con una tienda de campaña en un camión, como habían advertido el día anterior “que con permiso o sin él” montarían una vigilia en el lugar. Legisladores de la oposición también se enfrentaron con los efectivos policiales y algunos de ellos terminaron en centros médicos, debido a los efectos de los gases lacrimógenos lanzados.
Tras el incidente, representantes del Falpo denunciaron el apresamiento de varios de sus miembros, e igualmente que permanecerían en el frente de la Procuraduría hasta lograr su objetivo final.
Precisamente mientras ocurría esto, el procurador Rodríguez declaraba en Punta Cana que, en torno a las investigaciones del caso Odebrecht, el “tema no era un asunto de nombres, sino del debido proceso”.
Sus declaraciones obedecían a que semanas antes había fijado el día 19 como la fecha límite en que presuntamente la Procuraduría daría los nombres de los sobornados, al menos eso fue lo que varios sectores afirman que el funcionario prometió.
“Tenemos que recibir la información para poder hablar de tiempo, porque sería hasta un tanto irresponsable decir en tantos días, si todavía no la tengo en las manos. Ahora bien, en unos cuantos días, antes del 19, tal cual como habíamos dicho, la tendremos en las manos y sí podremos hablar del tema”, adujo Rodríguez al ser cuestionado por los periodistas.
Acciones de los verdes
Desde que comenzó sus actividades, el Movimiento Verde ha tenido como objetivo principal el caso Odebrecht y en cada una de sus acciones contra la corrupción el tema sale a relucir, incluso, en muchas de las marchas que han realizado en el país sus asistentes llevan letreros y vociferan consignas relativas a que “sean apresados” los responsables de recibir el soborno de los 92 millones de dólares que la compañía confesó que pagó en el país.
También lo han pedido en manifiestos, discursos y declaraciones informales. Aparte de las marchas, el Movimiento Verde impulsó la firma del Libro Verde e igualmente realizó un recorrido por varios puntos de país con la Antorcha Verde.
En todos sus actos ha sido reiterativo en exigir “el fin de la impunidad” y “que sean revelados los nombres de las personas y empresas que estuvieron involucradas en el caso Odebrecht”; también el cese de las operaciones de la compañía en el país.
El Movimiento Verde ha concitado el respaldo de varios partidos opositores, amén de los de izquierda. Entre estos están el Partido Revolucionario Moderno (de quien uno de sus líderes, Luis Abinader, ha acudido a muchas de sus actividades); Dominicanos por el Cambio, Alianza País, entre otros. Igualmente el movimiento Participación Ciudadana.
Su trabajo desde el inicio de la investigación
Desde que inició la investigación del caso, el 27 de diciembre de 2016, el procurador garantizó que investigarían a todos los involucrados. Dijo que para ello tramitaron solicitudes a las instituciones del Estado que han realizado contrataciones con Odebrecht desde el 2001 hasta la fecha. Interrogó a varias personas , entre ellas legisladores, funcionarios y empresarios. Allanó la sede de la constructora en el país y pidió a la Cámara de Cuentas una auditoría de todas las obras que la compañía construyó en la nación para determinar si hubo sobrevaluación. También sostuvo un encuentro con la Fiscalía de Brasil y firmó un acuerdo en el cual las autoridades de ese país se comprometieron a entregar en un plazo de 30 días “información específica sobre los sobornados y el destino de los fondos”. También logró que Odebrecht se comprometa a pagar al país 184 millones de dólares por haber incurrido en el ilícito del soborno. Ese acuerdo fue homologado por un tribunal del país.
