En horas de la madrugada de este miércoles, el Ejército Dominicano protagonizó una intervención violenta en la comunidad de Arroyo Vuelta, buscando introducir maquinaria de la empresa minera Barrick Gold. Este operativo, calificado como atropellante por los residentes, incluyó el uso desproporcionado de la fuerza para imponer los intereses privados de la minera.
Durante la incursión, los militares emplearon balas de perdigón y lanzaron numerosas bombas lacrimógenas, generando escenas de caos y terror en la comunidad. Niños sufrieron episodios traumáticos de asfixia debido a los gases tóxicos, quedando horrorizados ante la situación.
El saldo de la intervención dejó ocho personas heridas: Alfonso Vásquez, Freddy Belén, América Mendoza, Alfonso Portalatín, Cirilo Vásquez, Carlos Sosa, Máximo Sosa e Isidro Coronado. Este último sufrió una grave lesión en su pie que requirió una cirugía de emergencia.
En un acto de fuerza desmedida, los militares arrastraron agresivamente por el suelo a tres mujeres de la comunidad de Arroyo Vuelta: Apolonia Jiménez, Julia Mendoza y Yolanda Fabián. Este hecho, que constituye un claro caso de violencia de género, ha generado indignación entre los residentes y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Además, el comunitario Geraldo Cuevas fue detenido sin justificación aparente, aumentando la tensión en una comunidad que ya se encuentra en resistencia activa contra el proyecto de la minera Barrick Gold y las acciones del gobierno en la región.
Las comunidades campesinas han manifestado su rechazo al avance de este proyecto, denunciando la negativa de la empresa y las autoridades a pagar indemnizaciones por las propiedades dañadas, así como a garantizar un reasentamiento digno y un manejo seguro de los desechos tóxicos generados por la actividad minera. Ante estas acciones, los residentes mantienen su lucha por preservar su tierra y su derecho a un ambiente saludable y seguro.
La comunidad de Arroyo Vuelta permanece consternada ante los hechos, mientras aumentan las críticas por el uso de las fuerzas militares en defensa de intereses corporativos que contravienen los derechos de los ciudadanos y la paz de la región.
