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La migración haitiana hacia la República Dominicana ha sido un fenómeno constante, marcado por una compleja mezcla de temor, esperanza y retos socioeconómicos.
Mientras muchos haitianos buscan una vida mejor huyendo de la crisis en su país, su presencia en el territorio dominicano genera diversas reacciones en la sociedad, desde la solidaridad hasta la preocupación por los costos que implican.
En medio de un clima de creciente incertidumbre, cientos de extranjeros haitianos ilegales en República Dominicana enfrentan una realidad diaria marcada por el temor a la deportación y la búsqueda de una vida mejor.
A pesar de muchos se encuentran en el país de manera regular, se sienten atrapados entre la esperanza de un futuro mejor y el miedo a ser separados de sus familias.
Las autoridades dominicanas han intensificado las redadas y controles para deportar 10 mil haitianos por semana, lo que ha generado un ambiente de pánico en comunidades donde viven numerosos inmigrantes.
El Gobierno ha justificado estas acciones como parte de un esfuerzo por controlar la migración irregular y garantizar la seguridad nacional.
“Desde que me levanto es acechando para arriba y para abajo”, comenta Joshue, padre de dos hijos que ha vivido en el país durante más de 10 años. “Solo queremos trabajar y darles a nuestros hijos un futuro”.
Al igual que el joven de 30 años, decenas de ciudadanos haitianos que trabajan y viven en una comunidad llamada Pequeño Haití del Distrito Nacional, se mantienen trancados y en acecho ante la posible presencia de agentes de la Dirección General de Migración.
La sensación de inseguridad se extiende no sólo a quienes viven en la clandestinidad, sino también a sus familias, que se ven obligadas a vivir con el miedo constante de ser separados.
“A mí me han separado de mis hijos dos veces: Una vez trabajé construcción con un ingeniero, llevaba dos meses sin pagarnos y cuando le reclamamos nos llamó a Migración y nos despertaron. La otra vez, me detuvieron en la calle y a pesar de tener un carnet de trabajo (permiso) me llevaron”, narra Joshue.
Con el futuro incierto, muchos extranjeros ilegales se preguntan si algún día podrán vivir sin miedo. La esperanza persiste, pero el camino hacia la estabilidad sigue lleno de obstáculos.
Un nacional haitiano que conversó con un equipo de elCaribe, y que por temor no quiso revelar su nombre, expresa que a pesar de tener pasaporte y estar legal en la República Dominicana, cuando sale a las calles a vender aguacates en un triciclo, afirma que lo hace bajo mucha tensión porque no sabe cuándo será detenido o no.
“En días pasados me detuvieron y me llevaron para el cuartel de Villa Francisca, ahí duré cuatro días hasta que Migración llegara y me depurara. Eso es un abuso, cuando yo lo que estaba es en la calle trabajando de manera legal”, denuncia.
Deportaciones… pero sin maltrato
En medio de un aumento en las deportaciones, los haitianos han comenzado a abogar por un proceso que respete la dignidad de las personas afectadas. Si bien muchos apoyan la idea de deportaciones como parte de la regulación migratoria, el llamado es claro: estas deben llevarse a cabo sin maltrato ni abusos.
Las autoridades dominicanas han intensificado sus operaciones contra la migración irregular, justifican estas acciones como necesarias para la seguridad nacional. Sin embargo, las críticas se han centrado en las condiciones en las que se llevan a cabo las deportaciones.
“Yo no estoy quillao porque están deportando gente, es su país, y en todos lados existen leyes de emigrantes, pero si ya nos detienen no hay por qué darnos golpes”, reflexiona el joven Joshue.
Una señora haitiana identificada como Cristina, que llegó a la República Dominicana en el 1982, sostiene que aunque ella personalmente nunca ha tenido situación de discriminación, le duelen los maltratos que han denunciados sus compatriotas en las deportaciones.
“Lo que me duele es el maltrato, dándole golpes, cogiéndole los celulares, las mercancías, el dinero. Debemos entender que nosotros siempre vamos hacer vecinos y solo hay que pedirle Dios que nos bendiga a ambos”, dice.
Entre lágrimas, la señora mostró su orgullo de su origen, sin dejar de destacar que la República Dominicana le abrió la puerta donde procreó a su familia.
Resalta que aunque ella tiene cédula dominicana y ha sido bien tratada en la República Dominicana, “siempre seré orgullosamente haitiana”.
A pesar del profundo orgullo que los haitianos sienten por su patria, la severa crisis social, económica y de seguridad que atraviesa Haití ha llevado a miles de sus ciudadanos a buscar nuevas oportunidades en el extranjero. Esta difícil realidad ha hecho que muchos consideren la emigración como una alternativa para garantizar su seguridad.
La inestabilidad política, acompañada de un aumento en la violencia y la pobreza, ha desbordado los límites de la tolerancia para muchas familias
“Estoy loco por vivir en mi país. Allá no tengo que estar con esa incertidumbre, tener que estar pagándoles a policías, pero lamentablemente la situación de Haití no me lo permite”, dice Joshue.
¿Cuánto cuesta al Estado dominicano la inmigración haitiana?
El gobierno dominicano enfrenta un dilema complejo: mientras que muchos inmigrantes haitianos contribuyen al crecimiento económico del país, también generan costos que deben ser gestionados.
Controlar la migración haitiana irregular hacia la República Dominicana ha sido una ardua y difícil tarea para los gobiernos de turno, mientras que el costo para sostener a estos inmigrantes en territorio nacional para atención de partos, educación y seguridad resulta alto para el Estado dominicano.
Aun cuando en el país se establece la política migratoria de deportaciones, el Estado dispone de más de 22 mil de millones de pesos para sostener a aquellos que se encuentran en de manera irregular en el país, sobre todo en atenciones sanitarias a parturientas, en educación y también en lo que respecta a las acciones de cuidado y protección de la frontera domínico-haitiana para impedir el ingreso de ciudadanos haitianos de manera ilegal.
Los recursos que se disponen fluctúan, pero la realidad es que cada año la cifra aumenta. Desde hace años, la mayor inversión que el Estado dominicano ha hecho, como consecuencia de la inmigración haitiana, es en el sector salud.
El Repositorio de Información y Servicios de Estadística del Servicio Nacional de Salud (SNS) indica que, durante los dos primeros meses del año 2024, en el país se registraron 5,488 partos a madres de origen haitiano, representando el 35 % de los 15,661 nacimientos documentados.
Durante los primeros 60 días del año en curso, unas 10,155 madres de origen dominicano dieron a luz a sus hijos en los diferentes hospitales y maternidades del país.
En comparación a igual período durante el año 2023, cuando en ese entonces se realizaron 7,335 partos a extranjeras haitianas (3,915 en el mes de enero y 3,420 en el mes de febrero), las cifras actuales reflejan una disminución de 1,847 alumbramientos, es decir, un 25 % menos.
Dos años atrás, el entonces ministro de Salud, Daniel Rivera, había explicado que, anteriormente, al país ingresaba entre un 6 y 7 por ciento de parturientas haitianas, pero esto nunca afectó al sistema.
Según explicaba, ahora sí la cifra preocupa porque ha llegado hasta a un 40 por ciento, y en algunas zonas del país la cifra rondaba cerca de 60 por ciento. El mayor número de partos de mujeres haitianas por provincias del país, de enero a septiembre de 2021, fue en el Distrito Nacional, provincia Santo Domingo, Santiago, La Altagracia y Valverde, según cifras de Salud Pública, datos que se han mantenido hasta la fecha.
Costos partos aumentan por riesgos
El grueso de los gastos está en los riegos que las parturientas presentan al momento del parto, debido a que, según explica la autoridad sanitaria, las embarazadas haitianas vienen a este territorio sin datos sobre su diagnóstico y llegan, muchas veces, con anemia, preeclampsia e infecciones severas. A ello se agrega que, en ocasiones, los niños que paren se quedan entre 10 y 15 días en neonatal, lo cual eleva el costo de la atención.
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (OPD-Funglode), de 2010 a 2021, en el país se practicaron 292 mil 081 partos vaginales y por cesáreas a extranjeras haitianas.
El mismo informe señala que, de 2013 a 2021, el país gastó 688 millones 216 mil 600 pesos en esos partos.
Más de 12 mil millones en educación
Otra área de vital importancia para el país y en la que cada año se destina una importante suma de dinero del presupuesto general de la nación, es en el sector educación, debido a la cantidad de haitianos matriculados en las escuelas del país.
Según estadísticas del Ministerio de Educación, para el período 2018-2019 en el país había 78 mil 158 haitianos matriculados en el sector público; 15 mil 885 en el sector privado y 697 semioficial. Mientras que, en el periodo 2019-2020, habían 87 mil 315 en el sector público; 17 mil 48 en el sector privado y 742 semioficial.
Un estudio del Ministerio de Educación reveló que el Estado gasta por cada estudiante RD$148, 007.42 en el caso más alto y RD$57,841.64 en un caso menor.
Partiendo de los matriculados en el período más actualizado, es decir de 2019 a 2020, en los estudiantes haitianos matriculados en el sector público se estaría gastando 12 mil 923 millones 267 mil 877.3 en el caso del costo mayor (87 mil 315 estudiantes x RD148, 007.42) y 5 mil 050 millones 442 mil 796.6 pesos en el caso del costo menor (87 mil 315 estudiantes x RD$57,841.64).
Además de los estudiantes haitianos preuniversitarios, en el país también hay estudiantes en la universidad pública. La pasada rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Emma Polanco, reveló que en la casa de altos estudios los matriculados haitianos apenas superaban los 80, pero en ese momento no especificó el monto que se destinaba para ellos.
Verja, militares, aviones, camionetas y equipos en la frontera
Proteger la frontera domínico-haitiana ha requerido por muchos años del desembolso de grandes sumas de dinero. Lo primero se inicia con el despliegue de 12 mil militares en toda la franja fronteriza a los cuales se les pagan salarios, dietas y también incentivos. Están en tres brigadas de infantería, varios batallones, compañías, destacamentos, puestos de custodia, puestos de chequeos fijos o móviles. Se encuentran en las cinco provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales.
En sus esfuerzos por blindar cada vez más la línea divisoria, actualmente el Gobierno dominicano construyó la primera etapa de una verja perimetral inteligente en el área limítrofe. En una primera etapa de construcción, inaugurada en octubre del 2023, la inversión fue de 1,750 millones de pesos.
La sección que se construyó en Elías Piña tiene una longitud de 3.5 kilómetros, de un total de 54 kilómetros que tendrá la obra a todo lo largo de una frontera de 380 kilómetros.
Esto no se queda aquí, en el presupuesto de 2023, el gobierno hizo una inversión de otros 2, 550 millones. A ello se agregan 300 millones más para gastos administrativos y de supervisión del proyecto.
Pero no todo termina allí. En octubre del año 2022, el presidente Luis Abinader anunció un incentivo de 3,500 pesos para los militares en la frontera, adicionales al salario que devengan a fin de que incrementen las labores en el área.
13,198 millones de pesos es el presupuesto global para toda la verja perimetral en la frontera entre la República Dominicana y Haití.
En esa misma fecha, sin especificar el monto para ello, el presidente de la República también anunció el proceso de compra para la adquisición de varias aeronaves, vehículos e indumentaria militar para las labores de seguridad en el área limítrofe. Todo ello, según sus palabras, para garantizar la integridad y soberanía del territorio dominicano.
Entre los nuevos equipos a ser adquiridos por el Gobierno, considerados por Abinader como los de más importancia desde 1961, se encuentran seis helicópteros Huey II, diez nuevas aeronaves para reconocimiento y vigilancia y con ello, también se creará un Comando Sur de la Fuerza Aérea, en Barahona.
Según afirmó el Presidente, dicho aprovisionamiento es complementado con la actualización y modernización de los equipos de radio ayuda para la navegación aérea, una nueva torre de control y sistema de luces en la Base Aérea de San Isidro.
Deportaciones en el país se han intensificado
El Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Migración, ha intensificado las deportaciones de haitianos ilegales en el país.
La semana pasada, se informó que se había repatriado a 18 mil 848 haitianos que han sido detenidos en condición irregular en los primeros días del mes de octubre.
Dentro del operativo masivo de interdicción de migrantes ilegales, que comenzó el pasado 3 de octubre, se han reconducido un total de 16 mil 893.
DGM reitera que esas acciones se hacen conforme a la ley 285 – 04, con respeto a los derechos humanos y apegados a las convenciones internacionales de la que República Dominicana es signataria.
La semana pasada, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití pidió a la República Dominicana respetar sus compromisos internacionales en materia de repatriación, “y que ponga fin a sus brutales y racistas operaciones de deportación”.
El Consejo también solicitó a las autoridades dominicanas poner en práctica las cláusulas del protocolo de repatriación firmado entre los dos países en 1999, así como las de los distintos convenios internacionales que ha suscrito el Estado dominicano.
El protocolo reconoce que el Gobierno dominicano tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en territorio dominicano y ambas partes acuerdan que las autoridades migratorias de este último país respetarán los derechos humanos y evitarán separar familias en los procesos de repatriación.
En cuanto a la repatriación, Haití afirmó haber identificado numerosas irregularidades y casos de abusos documentados por instituciones nacionales, internacionales y no gubernamentales
Organizaciones civiles y expertos sugieren que una mejor gestión de la migración, así como políticas de integración más efectivas, podrían aliviar parte de la carga económica.
