El titular de la Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (Utect), Mérido Torres, anunció que solicitará una licencia laboral al presidente Luis Abinader para aclarar su implicación en el caso Calamar.
Durante una rueda de prensa, el funcionario aseguró que su mención en el supuesto entramado de corrupción se debe a honorarios profesionales como abogado, que recibió de una familia que reclamaba el pago de unos terrenos expropiados.
Torres manifestó que pidió una cita con la procuraduría general de la República, Miriam Germán, y con doña Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental, quien recientemente dijo que el funcionario tenía un caso pendiente con la institución que ella dirige.
“Mi disposición de ser investigado sobre los casos mencionados. En el día de hoy (ayer) denuncio ante el país que he sido víctima de una campaña sucia de difamación e injuria por lo que anuncio que procederé legalmente en los tribunales contra quienes han mancillado mi buen nombre y nuestro honor difamándome a mí y a mi familia”, expresó.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de los imputados en el caso Calamar, el funcionario recibió supuestamente del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, un total de RD$32,065,992, por el pago de unos terrenos que presuntamente eran de su propiedad.
