El pleno de la Cámara de Diputados volvió a rechazar la propuesta del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que sea variada la agenda para incluir la resolución que pide la designación de una comisión especial para investigar contratos de publicidad del Gobierno con Joao Santana.
Desde el pasado jueves los legisladores de la oposición Faride Raful, Agustín Burgos, Francisco Paulino y Robinson Díaz han intentado que la solicitud sea puesta en agenda y el pleno lo ha rechazado para “que siga su curso vía secretaría legislativa”.
Sobre el tema, la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, manifestó que la diputada Raful merece todo respeto con relación al debate que ha generado sobre los pagos realizados por el Gobierno al publicista brasileño Joao Santana y su esposa Monica Moura.
En su cuenta de Twitter, Margarita Cedeño expresó que esa confrontación enriquece la democracia y transparencia de los gobiernos que ha encabezado el Partido de la Liberación Dominicana.
“Faride Raful se merece todo el respeto en este debate que, al final de cuentas, enriquece nuestra democracia y la transparencia que hemos sembrado en los gobiernos del PLD. Rendir cuentas es parte de nuestras responsabilidades”, escribió la vicepresidenta.
Raful denunció que el Gobierno pagó RD$1,400 millones por publicidad al publicista brasileño y su esposa Monica Moura.
La diputada presentó documentos obtenidos a través de la Contraloría General de la República, de las firmas de los contratos que establecen que los pagos a la pareja se hicieron desde el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
Finjus pide Congreso cumpla rol
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) consideró importante que el Congreso ejerza su rol de fiscalización como mecanismo de control.
En un comunicado, manifestó que el Congreso Nacional ostenta, además de sus funciones de representar y legislar, la prerrogativa de fiscalizar el accionar estatal con el propósito de apoyar y fortalecer la ejecución de las políticas públicas desde una posición de supervisión. Estimó que en la función de control está el mayor reto que la Constitución impone al Congreso Nacional.
“El Senado y la Cámara de Diputados tienen competencias equivalentes para examinar los actos del Ejecutivo en cuanto el manejo de los fondos públicos, ya que en su control están llamados a verificar que los gobernantes cumplan con transparencia”.
Marcha Verde se suma a pedido de investigación
El colectivo Marcha Verde pidió que se investiguen los pagos que hizo el Gobierno a los publicistas brasileños. A juicio del colectivo, con la carta dirigida por el Gobierno a la Cámara para aclarar los pagos realizados a la pareja, han anulado de un plumazo la facultad fiscalizadora del Congreso Nacional. Señaló que la acción es un motivo más para participar de la ‘Marcha del millón contra la corrupción’, convocada para el 12 de agosto.